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Cerca de las 15 horas del pasado 3 de diciembre, según consta en el texto de la fiscal Silvia Arredondo, un joven llamó por teléfono a la casa de una anciana, que vive con su marido, se identificó como su nieto y le dijo que él y su madre tenían que hablar de forma "urgente" con su abuelo, la pareja de la anciana.
En esos momentos llegó al hogar C, pareja de la mujer, que regresaba de una consulta médica. Al tomar el teléfono, la persona que estaba haciéndose pasar por su nieto le preguntó cuánto dinero tenía en la cuenta del Banco República, le solicita que retire "ya mismo" todos sus ahorros porque se "iba a decretar un corralito", y por lo que era necesario que lo retirara, ya que el banco le podía "evaluar" el 40 % de los billetes.
El hombre concurre inmediatamente a la sucursal del Brou, y allí retira veinte mil dólares. Una vez de vuelta en su hogar, recibe otra llamada de su supuesto nieto, quien le pide que lleve el dinero a la ciudad de Colonia, donde la estaría esperando su madre con una "planilla", en donde anotarían la numeración de los billetes.
El hombre fue hasta el encuentro solo llevó diez mil dólares, el resto los dejó en su casa. Cuando llegó a la ciudad no había nadie, ni su nieto ni su hija.
Al regresó a su hogar, su pareja le dice que en su ausencia había llegado un hombre que llevaba "una vestimenta formal y que tenía un acento español", quien le dijo que era gerente del Brou y que llegaba para llevarse el dinero.
La mujer le entregó los diez mil dólares que había dejado su marido y le entregó también tres mil cuatrocientos dólares que ella había retirado de su cuenta personal, mientras su esposo había ido a Colonia.
M, quien se hizo pasar por el gerente del banco, recibió el dinero y luego se retiró en un taxi, donde había dos personas más y que la fiscal cree que participaron de la maniobra.
La investigación arrojó que M, que nació en Venezuela, reside actualmente en Argentina y participa en ese país de una organización que realiza este tipo de delitos, con los que llaman a ciudadanos uruguayos y, mediante el mismo modus operandi, engañan a las víctimas. Luego vienen a Uruguay y realizan la maniobra.
Como medida cautelar, la fiscal pidió la prisión preventiva por el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.
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