Pese a que aún se discute su legalidad en el país, Uber comenzó a operar con normalidad en Uruguay ayer a partir de las 15 horas.
El director de Jurídica de la intendencia, Ernesto Beltrame, dijo ayer a Montevideo Portal que está prohibido el transporte oneroso de pasajeros en Montevideo por coches no habilitados por la IM, según dice un decreto vigente del año 1993.
Sin embargo, Soledad Lago Rodríguez, gerente de Comunicación de Uber para Cono Sur, dijo también a Montevideo Portal que Uber es una empresa de tecnología y su servicio "es completamente legal". "La ausencia de una regulación adaptada a nuevos servicios como el que propone Uber no implica ilegalidad", comentó.
¿Cuál es la realidad ante dos visiones opuestas? "En Uruguay se puede instalar cualquier tipo de negocio pero hay que cumplir los requisitos inherentes al negocio", contestó a Montevideo Portal el constitucionalista José Korzeniak.
Las organizaciones de transporte de pasajeros pertenecen a un servicio público, una de las cuatro categorías en las que se dividen los servicios del Estado. "Los servicios públicos atienden necesidades impostergables de la gente, que sólo puede desempeñar el Estado o un particular cuando el Estado les da concesión o habilitación, como la luz, las comunicaciones, el agua potable. Y el transporte colectivo de pasajeros es un servicio público, por eso no se pueden poner empresas de transporte o tarifas sin que el Estado dé una habilitación", acotó el especialista.
Para que puedan instalarse en el Uruguay servicios de transporte de pasajeros "debe haber una autorización estatal". "En este caso no la hay, por lo que la empresa, por más ciudades en que esté, no puede operar sin que la habiliten", agregó.
El Poder Ejecutivo podría incluso "tomar cartas en el asunto", aclaró Korzeniak, que dijo que "es una actividad comercial de una empresa que da trabajo a los choferes, que es multinacional, pero necesita cumplir los requisitos para poder instalarse".
El constitucionalista explicó que los conductores también son pasibles de sanciones, como aclaró la IM, que habló de multas y retiro de matrículas. "Están prevenidos de que están ejerciendo una actividad que no está habilitada", aclaró.
"De todas maneras, creo que la intención de las autoridades es tratar de que haya la mayor cantidad de fuentes de trabajo pero compatibles con las actividades. Si Uber no paga impuestos, y la habilitan, es obvio que sería una competencia desleal con el servicio de taxímetros que paga tributaciones por ejercer la actividad", concluyó.
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