El presidente Donald Trump declaró este martes que tiene la intención de resolver “rápidamente” la situación de inseguridad en Chicago, ciudad a la que calificó como “la más peligrosa del mundo, de lejos”. La afirmación fue acompañada de una promesa de acción inmediata: “Voy a resolver el problema de la criminalidad rápido, como lo hice en DC. Chicago será segura de nuevo, y pronto”.
Las declaraciones fueron realizadas en un tono similar al que utilizó en 2020 durante las protestas por violencia policial en Washington, cuando autorizó el despliegue de la Guardia Nacional para contener movilizaciones.
Un discurso reiterado y con fines políticos
No es la primera vez que Trump se refiere a Chicago con términos alarmistas. En varias ocasiones ha utilizado el ejemplo de esta ciudad para reforzar su retórica de “ley y orden”, buscando conectar con sectores conservadores sensibles al tema de la criminalidad.
Durante su presidencia anterior, Trump ya había planteado la posibilidad de enviar fuerzas federales a Chicago si las autoridades locales no lograban controlar la violencia. Ahora, reaviva esa narrativa en un contexto político tenso, donde los temas de seguridad, inmigración y control urbano han ganado peso en la agenda pública.
¿Qué dicen los datos?
Aunque Chicago enfrenta desafíos persistentes de violencia armada y desigualdad social, no figura entre las ciudades más peligrosas del mundo. Según datos del FBI y de organizaciones internacionales, hay numerosas ciudades en América Latina con tasas de homicidios mucho más altas, como Tijuana, Caracas o Ciudad Juárez.
De hecho, los datos más recientes muestran una tendencia a la baja en homicidios en Chicago desde 2022, aunque los niveles siguen siendo motivo de preocupación.
¿Qué implicaría una intervención federal?
Cualquier intento de intervención directa en una ciudad gobernada por autoridades estatales y locales debe sortear límites constitucionales claros en Estados Unidos. Aunque el presidente puede activar fuerzas federales en situaciones excepcionales, una intervención en seguridad pública sin coordinación local genera tensiones políticas y legales, como ya ocurrió durante su mandato anterior.
Con información de Agencias