El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que firmará una orden ejecutiva para establecer una normativa federal única sobre inteligencia artificial (IA), con el objetivo de evitar que cada estado imponga sus propias regulaciones sobre el sector tecnológico.
Desde su red social Truth Social, Trump aseguró que esta medida es crucial para mantener el liderazgo de Estados Unidos en la carrera global por la IA:
“En este momento estamos ganando a TODOS LOS PAÍSES, pero eso no durará mucho si tenemos 50 estados, muchos de ellos malos actores, involucrados en las NORMAS y el PROCESO DE APROBACIÓN”.
El presidente argumentó que el desarrollo de la IA no puede avanzar si las empresas tecnológicas deben cumplir con múltiples marcos regulatorios locales: “No se puede esperar que una empresa obtenga 50 aprobaciones cada vez que quiera hacer algo. ¡Eso nunca funcionará!”
Choque con los estados y el Congreso
La medida anunciada representa un nuevo episodio en el creciente conflicto entre la Casa Blanca y los gobiernos estatales, particularmente aquellos liderados por demócratas como California, que en el último año han aprobado leyes pioneras para regular el uso ético y transparente de la inteligencia artificial.
A finales de noviembre, 36 fiscales generales estatales —de ambos partidos— enviaron una carta al Congreso pidiendo mantener la capacidad de los estados para legislar sobre IA, alegando que sus gobiernos son “más ágiles” para responder a los rápidos avances tecnológicos.
Los fiscales también advirtieron sobre los riesgos de que una regulación federal única se convierta en un marco demasiado laxo, dominado por los intereses de las grandes tecnológicas.
IA como prioridad estratégica
Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump hizo de la IA una prioridad estratégica nacional, enfocándose en eliminar restricciones regulatorias y acelerar la innovación frente a rivales como China, que ha invertido fuertemente en el desarrollo de IA militar, industrial y civil.
Sin embargo, su enfoque desregulador ha sido duramente criticado por expertos en ética tecnológica, defensores de derechos civiles y sectores académicos, que alertan sobre el riesgo de consolidar sistemas opacos, sesgados o discriminatorios.
Con información de EFE
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