El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con declarar el estado de emergencia nacional en la ciudad de Washington D.C., en medio de una creciente tensión por la aplicación de sus políticas migratorias. La medida se plantea como respuesta a la negativa de las autoridades locales a colaborar con las fuerzas federales, en particular con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en operativos de detención masiva de migrantes sin documentación.
La advertencia presidencial llega en un momento de alta polarización social y política, tras varias jornadas de protestas en la capital contra el despliegue de unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en las calles, justificado por la Casa Blanca como necesario para “restablecer el orden y la seguridad”.
“Declararé la emergencia nacional y federalizaré la ciudad si es necesario”, escribió Trump en Truth Social, su red social, donde acusó a la alcaldesa Muriel Bowser y a los “demócratas de la izquierda radical” de sabotear los esfuerzos federales para “limpiar las calles de criminales”.
Conflicto de competencias: el dilema constitucional
Las declaraciones del presidente elevan la tensión institucional en un país donde el estatus especial de Washington D.C. —una ciudad sin plena autonomía estatal— ya ha sido fuente de conflicto en el pasado. Aunque la capital no tiene un gobernador, su alcaldía cuenta con competencias locales, incluido el mando sobre la Policía Metropolitana, que ha rechazado colaborar con el ICE.
La alcaldesa Bowser ha denunciado la presencia militar como una provocación y se ha negado a permitir que los agentes locales asistan a las redadas migratorias. “Washington no será instrumento de políticas federales que criminalizan a comunidades vulnerables”, señaló la mandataria en una declaración pública.
¿Qué implicaría una emergencia nacional?
La declaración de emergencia nacional permitiría al presidente asumir un control directo sobre las funciones de seguridad local, algo que no ocurriría sin oposición legal. Expertos constitucionalistas advierten que una acción de este tipo podría desencadenar una crisis institucional al poner en entredicho la separación de poderes entre el gobierno federal y las jurisdicciones locales.
Además, la posibilidad de “federalizar” Washington resucita el temor a un uso político del aparato estatal, en un contexto donde Trump enfrenta presiones por su agresiva retórica migratoria de cara a las elecciones de 2026.
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