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Judiciales

Sin perdón de Dios

Tribunal de Apelaciones ratificó sentencia a sacerdote de Minas condenado por abuso sexual

El fallo confirmó la pena de ocho años de penitenciaría por reiterados delitos contra dos menores. Había sido imputado en febrero de 2021.

02.09.2022 15:55

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2022-09-02T15:55:00-03:00
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Un Tribunal de Apelaciones ratificó la sentencia al sacerdote de Minas, que fue condenado el 8 de febrero de 2022 a ocho años de penitenciaría por “reiterados delitos de atentado violento al pudor, reiterados delitos de abuso sexual y un delito de abuso sexual especialmente agravado” —todos en reiteración real— contra dos menores de edad, según informó Fiscalía General de la Nación.

El hombre fue imputado en febrero de 2021 a pedido de la Fiscalía Letrada Departamental de Lavalleja de 1º turno por abusar sexualmente de dos niñas. Luego de que la jueza de 1ª instancia de Lavalleja, Natalia Alessandre, resolviera su condena en 2022, la defensa del sacerdote apeló la sentencia. El hombre permaneció en prisión domiciliaria a la espera del fallo de segunda instancia.

El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia salvo en cuanto “no reveló la atenuante de la buena conducta anterior comprensiva de la primariedad absoluta ni la agravante del abuso de confianza que se relevan en el grado”. 

Además, los ministros remarcan que el fallo de primera instancia “dispuso la pérdida e inhabilitación de los derechos previstos en el artículo 79 y 83 de la Ley 19.580 —Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género— por el lapso de la condena”, por lo que revocan esa medida, “disponiéndose en su lugar la pérdida de los mismos por el lapso de diez años”.

A su vez, se indica que la sentencia original “no precisó que la reparación patrimonial en aplicación del artículo 80 de la Ley 19.580 es sin perjuicio de promover la reparación integral del daño por la vía correspondiente”.

Este artículo establece que, en las sentencias de condena, además de la pena, se dispondrá “una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado, o en su defecto doce salarios mínimos, sin perjuicio de su derecho a seguir la vía procesal correspondiente para obtener la reparación integral del daño”.

El caso

En setiembre de 2019, las víctimas relataron los abusos que sufrían desde hacía varios años. En virtud de lo relatado, el hermano mayor de las víctimas realizó la denuncia. Entre los relatos se recaba que el sacerdote ingresó a la habitación de una de las víctimas y abusó sexualmente de ella, por lo que esta salió corriendo de su habitación aterrorizada y logró encerrarse en el baño.

El hombre comenzó a visitar la casa de la madre de las menores en 2014, en calidad de referente religioso de la mujer.

“El imputado, mediante la intimidación y el abuso de poder que ostentaba en virtud de oficiar como referente religioso de la familia, en reiteradas ocasiones realizó tocamientos de índole sexual a las víctimas. Asimismo, entre los relatos se recaba que el imputado ingresó a la habitación de unas de las víctimas y abusó sexualmente de ella, por lo que la víctima salió corriendo de su habitación aterrorizada y logró encerrarse en el baño”, indicó en su momento el dictamen de Fiscalía, según consignó El País.

En marzo de 2021, un fallo del Tribunal de Apelaciones señaló que las víctimas “no cuentan con la protección de su madre, quien aparece marcadamente volcada a favorecer los intereses del imputado”, mientras que el dictamen fiscal indicaba que ella recurría al hombre “por ayuda económica en reiteradas ocasiones”, por lo que él llevaba alimento y bebidas a la casa.

En 2020, el sacerdote había sido suspendido de sus funciones ministeriales de acuerdo con “el protocolo para los casos de abuso sexual a menores y adultos vulnerables por parte de clérigos y consagrados” de la Iglesia católica, según señaló en su momento la diócesis de Minas, en el texto compartido en su cuenta de Twitter por el obispo Milton Tróccoli.

Además, reiteran su “firme disposición y compromiso para que hechos como los denunciados no tengan lugar en el seno de la Iglesia”. También se comprometen a “seguir adoptando las más severas medidas contra quienes cometan estas faltas graves” y “a continuar trabajando con ahínco en la prevención”.

Luego de ser condenado, la diócesis de Maldonado, Punta del Este, Minas y Rocha publicó otro comunicado en el que expresaba “dolor y empatía por lo vivido por las víctimas y su familia”, y en el que reiteraban su “compromiso en la reparación a las víctimas y en seguir colaborando con la Justicia”.