La Justicia Federal Argentina procesó este jueves a tres “facilitadores profesionales”, dos de ellos financistas uruguayos, acusados de participar en maniobras de lavado de activos vinculadas a hechos de corrupción ocurridos durante el kirchnerismo.
El juez federal argentino Sebastián Casanello procesó a los financistas Daniel Pérez Montero y M. A. R. R. por “facilitar” los actos de corrupción atribuidos al exdirector del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi), Gustavo Gentili, procesado por ocultar bienes mediante préstamos y empresas pantalla en Uruguay y Argentina.
Según informó La Nación, el magistrado estableció que los uruguayos operaron desde Montevideo para blanquear fondos a través de la financiera Aspen Trading Corp., propiedad de Pérez Montero. En julio de 2013, la firma habría firmado un mutuo ficticio con la sociedad argentina Febaro SA, controlada por Gentili, que permitió justificar el ingreso de 670.000 bonos Boden 2015 —equivalentes a un millón de dólares— en una cuenta del Citibank.
El dinero, según el fallo, se usó para remodelar la casa familiar de Gentili, financiar un emprendimiento ganadero y comprar un inmueble en Uruguay conocido como Diamantis. Todo ello sin declarar ante las autoridades tributarias.
El juez determinó que Aspen Trading Corp. no verificó la identidad real de los beneficiarios ni la condición de funcionario público de Gentili, por lo que incumplió las normas uruguayas de prevención de lavado. Documentos del Banco Central del Uruguay (BCU) confirman, además, que la sociedad DPM Corredor de Bolsa SRL, vinculada a Pérez Montero, fue sancionada por “graves incumplimientos” en sus controles, entre ellos la falta de identificación de clientes y el monitoreo de operaciones de alto riesgo.
Por estas maniobras, Casanello embargó a los dos uruguayos por 900 millones de pesos argentinos cada uno. Según el fallo, ambos actuaron con “colaboración consciente y funcional” para dotar de apariencia legítima al dinero ilícito.
Pérez Montero, dueño del Cambio Aspen, también fue multado este año por el BCU por movimientos sospechosos entre noviembre de 2023 y enero de 2024, según informó el periodista Eduardo Preve. En paralelo, está denunciado en Brasil por supuestos delitos de evasión de divisas e integración en una organización criminal.
Según supo Montevideo Portal, los uruguayos ya apelaron la resolución judicial y están a la espera de una respuesta.
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