Treinta organizaciones rechazan la reforma del CPP; señalan que “persigue a las víctimas”

Más de treinta organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas y operadoras del sistema de justicia penal emitieron un comunicado de rechazo al proyecto de modificación del Código del Proceso Penal (CPP) presentado por Presidencia de la República. 

El texto, titulado “El Estado contra las víctimas”, denuncia que la reforma habilita la persecución de quienes denuncian delitos, recorta sus derechos procesales y las deja sin herramientas reales dentro del sistema de justicia. El documento también fue motivado por declaraciones recientes de uno de los integrantes del Grupo Asesor que elaboró la propuesta, publicadas en el diario El País.

Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de que el imputado, con el respaldo de la fuerza pública, pueda investigar a la víctima: acceder a su domicilio, objetos, datos y comunicaciones. Según el comunicado, ni la víctima ni la Fiscalía tendrían intervención en ese proceso, que quedaría bajo control exclusivo del juez. 

Las organizaciones califican esto como una inversión de roles que convierte a la víctima en sujeto investigado, con un impacto que sería “devastador” para niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género o delitos sexuales, poblaciones que ya cargan con estigmatización y estrés postraumático. La revictimización, sostienen, “podría llegar a niveles altísimos” y terminaría afectando la salud de las víctimas, coartando su libertad y limitando “severamente” su derecho de acceso a la justicia.

El comunicado también señala que la reforma implicaría “retrocesos graves” en materia de recursos procesales. El proyecto eliminaría el derecho de las víctimas a apelar o solicitar que un tribunal superior revise una serie de decisiones clave: el archivo de la investigación —impidiendo además que otra fiscalía revise el caso—, el sobreseimiento del imputado en todos los casos, que las organizaciones equiparan a una “sentencia absolutoria”, y la aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía para no investigar. En todos esos supuestos, la víctima quedaría sin posibilidad de impugnar lo resuelto.

El comunicado también apunta a una desigualdad estructural que la reforma no corrige sino que "profundiza". Mientras el imputado puede pedir al juez que ordene la producción de pruebas y solicitar el auxilio de peritos del Estado para su propia investigación, la víctima no tiene ninguna de esas facultades y tampoco puede intervenir en los acuerdos para arribar a un juicio abreviado. 

Los colectivos señalan que la víctima a la hora de apelar enfrenta un requisito adicional que no se les exige a los demás sujetos procesales, lo que en la práctica le impide recurrir el rechazo de la prisión preventiva para el acusado, la sentencia definitiva —incluso cuando absuelve al imputado o fija una pena que las organizaciones consideran “injusta”— y el rechazo de pruebas realizados por la propia Fiscalía.

Para las organizaciones firmantes, el conjunto de estas disposiciones configura un sistema que “violenta a las víctimas, las expulsa del sistema de justicia, les impone el silencio y propicia la impunidad”. “Llamamos a frenar de forma urgente este retroceso y corregir este proyecto”, concluye el texto.

El comunicado reúne firmas de organizaciones de todo el país. Entre ellas figuran Cotidiano Mujer, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, FUCVAM, Iniciativas Sanitarias, el Plemuu, la Intersocial Feminista, Casabierta, El Paso, la Fundación Voz de la Mujer, la Cátedra de Género y Generaciones de la UCLAEH y colectivos de Salto, Paysandú, Florida, Maldonado, Río Negro, Piriápolis, Nueva Helvecia, Paso de los Toros y Canelones, entre otros.