Tras lograr condena, familia reclama más de US$ 600.000 porque un amigo de su hijo lo mató

En 2022, el departamento de Tacuarembó se vio sacudido por un caso judicial que tuvo origen en un campamento de amigos en el balneario Iporá. En esa ocasión, varios adolescentes se reunieron en un predio, propiedad de los padres de uno de ellos, como despedida de la etapa liceal que habían terminado ese año.

Un joven, hijo de la familia dueña del campo, disparó una chumbera accionada con nitrógeno desde unos arbustos. El proyectil impactó en otro de sus compañeros, Facundo Cuadrado, quien sufrió muerte cerebral, pese a los intentos de los presentes por reanimarlo.

Santiago, quien efectuó el disparo, fue condenado a siete años de prisión por un delito de homicidio a título de dolo eventual.

Desde entonces, se espera la condena definitiva, dado que el proceso fue elevado a la Suprema Corte de Justicia, luego de que la defensa del condenado presentara un recurso de casación tras la confirmación de la sentencia de primera instancia por parte del Tribunal de Apelaciones.

Si bien el proceso penal continuará, en las últimas semanas la familia del fallecido presentó una demanda por daños y perjuicios contra el autor del hecho, así como también contra sus padres.

En total, la familia de Facundo Cuadrado reclama más de US$ 600.000, correspondientes a sus padres, hermanos, abuelos y tíos. En la demanda, a la que accedió Montevideo Portal, se sostiene que el fallecimiento del joven de 18 años “ha producido un daño moral devastador, muy importante, producto de la pérdida del hijo, hermano, sobrino y nieto de una manera inesperada, violenta, absurda y en plena juventud”.

El argumento para incluir a otros familiares en la demanda es que Cuadrado “mantenía un estrecho vínculo afectivo”, y que sus hermanos y tíos eran muy unidos, lo que generó un sufrimiento indescriptible y un cambio radical en la vida de los demandantes.

Por otra parte, el autor del disparo aguarda la resolución que adopte la Suprema Corte de Justicia. Durante estos años, el joven —cuyos padres están separados— ha sufrido diversos ataques en la vía pública y “escraches” en redes sociales.

Además, registró cinco intentos de autoeliminación que fueron vinculados a la situación procesal que atraviesa. Si bien al inicio del caso existió la posibilidad de alcanzar un acuerdo económico extrajudicial, los padres del acusado optaron por continuar por la vía judicial al entender que su hijo se había equivocado y debía hacerse cargo de sus actos.