Tras 10 años, nuevo capítulo en el caso Bascou: la defensa acusa “persecución” de Fiscalía

El caso del exintendente de Soriano Agustín Bascou sigue siendo investigado por la Fiscalía luego de varias idas y vueltas. A modo de ejemplo, en diciembre del año pasado, un Tribunal de Apelaciones decidió volver el caso a fojas cero luego de que la Justicia emitiera una condena en contra del exjefe comunal. 

La decisión del tribunal de alzada se dio porque, según se argumentó, la Fiscalía de Stella Alciaturi presentó la acusación fuera de plazo. Ante esto, la defensa de Bascou —a cargo de Juan Fagúndez y Martín Vera— presentó un recurso de casación pidiendo que su cliente fuera absuelto. 

Desde un comienzo, a Bascou se lo acusa de comprar combustible para la Intendencia de Soriano en una de las estaciones de servicio de las que fue dueño. La jueza Ximena Menchaca, en el fallo que Apelaciones terminó desestimando, aseguró que el exintendente blanco no hizo nada para frenar la conjunción de intereses que se generaba a partir de él. 

Con respecto al recurso de casación que buscaba la absolución de Bascou, la Suprema Corte de Justicia falló en contra de la defensa de Bascou. Con el caso desde cero, la Fiscalía presentó una nueva acusación que fue respondida por parte de los abogados del exintendente. 

De acuerdo con el documento, al que accedió Montevideo Portal, Fagúndez y Vera aseguran que en más de 10 años de investigación no se presentó una sola prueba que demostrara intencionalidad delictiva por parte de Bascou. Aseguran, en tanto, que el blanco no recibió ningún provecho económico de la maniobra por la que se lo acusa. 

Los abogados, bajo el argumento del pacto de San José de Costa Rica, entienden que existe persecución institucional porque la investigación se extendió por más de una década.  

“Estas situaciones, y en las circunstancias en que se ha manejado, pueden convertir a la causa en una persecución que provoca consecuencias sobre la constitucionalidad del proceso a más de 10 años de la situación analizada”, sostiene la contestación. 

En otra parte, los abogados muestran la “mutación” de los criterios de la Fiscalía. En 2022, el Ministerio Público descartó la hipótesis de acción por falta de pruebas y basó su pedido en que Bascou no presentó la declaración jurada ante la Jutep y tampoco informó a la Junta Departamental sobre la compra de combustibles por parte de la intendencia en su estación de servicio. 

En 2023, recuerdan que la defensa presentó las actas oficiales en las que se deja constancia de que el exintendente presentó la declaración jurada ante la Jutep. Sin embargo, aseguran que la Fiscalía concluyó que la declaración “no servía” y decidió introducir nuevamente en la acusación las modalidades de omisión e interés por parte de Bascou con respecto a la compra de la Intendencia de Soriano en su estación de servicio. 

“Queda en evidencia que no existe ni siquiera la convicción de que, o ante quien, debió el intendente de Soriano comparecer a presentar la información sobre sus bienes... pretendiendo completar el tipo penal por el criterio fiscal, insostenible al menos en democracia”, indica el documento. 

Por otro lado, aseguran que testigos del Municipio de Dolores aseguraron que el por entonces intendente dio órdenes explícitas de que no compraran en la estación de servicio que era de su propiedad. 

Sin embargo, en Dolores era la única con Sisconve —el sistema que se usa a nivel estatal para comprar combustible a Ancap— por lo que los funcionarios no tenían opción. Además, hacerlo en otro lugar generaría sobrecostos para la comuna. 

Las pericias que se hicieron durante la investigación confirman que Bascou no recibió más dinero y aseguran que no hubo enriquecimiento. También, según el texto, aseguran que Bascou realizó consultas al Estudio Delpiazzo y se guio por las sentencias del Tribunal de Cuentas sobre casos parecidos, como el del intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra.