Trabajadores del Inau elaboraron documento en el que argumentan contra la ley urgente

Los trabajadores sindicalizados del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau) e Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente (Inisa) elaboraron un documento de 15 páginas en el que argumentaron contra el anteproyecto de ley de urgente consideración que se discute en la órbita del gobierno electo.

El Sindicato Único de trabajadores y trabajadoras del Inau y del Inisa (Suinau) señaló que se conformó un grupo de trabajo que contó con asesoramiento técnico especializado en la materia y se elaboró un documento final que enviaron a algunas de las autoridades, con las que ya pidieron reuniones.

En específico, el documento analiza las modificaciones a las normas sobre adolescentes privados de libertad. Para dicha elaboración, el Suinau explica en el preámbulo del documento que tomaron en cuenta "las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de menores, conocidas como 'Reglas de Beijing', que fueron adoptadas por la Asamblea General de la ONU" en 1985.

Además, recuerdan que "Uruguay ha ratificado estas reglas junto con otras de carácter similar, tales como la Convención de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño".

Los trabajadores recordaron que "la cantidad de adolescentes privados de libertad no llega actualmente a los 300. [...] Ese número representa el 0.0008% de la población de nuestro país, estimada en un poco menos de 3.450.000 habitantes, y lleva al menos dos años de descenso sostenido".

"Del total de delitos que se cometen en Uruguay, más del 94% lo cometen personas adultas. De los delitos letales, el 88% tiene que ver con temas diversos (violencia de género, economías ilegales, crimen organizado, situación carcelaria) y solo el 12% está vinculado a delitos contra la propiedad, tales como hurtos y rapiñas, que son los que mayormente cometen los adolescentes infractores", continúa el informe.

Principalmente, la principal discrepancia con el anteproyecto de la ley de urgente consideración es con el artículo que plantea llevar el máximo de las medidas privativas de libertad de 5 a 10 años para los adolescentes.

"Esta modificación propuesta significa nada más ni nada menos que duplicar el guarismo máximo actualmente vigente. Ante esto advertimos una serie importante de problemas que automáticamente se darían en caso de aprobarse tal y como se propone", dice el comunicado y enumera:

• "Con la modificación proyectada se habilita a que el Inisa deba afrontar la eventualidad de tener a su cargo jóvenes de hasta 27 años. Ello llevaría a tener que lidiar con problemáticas de adultos al interior del sistema en una medida mucho mayor a la actual (que, en el peor de los casos, podrían llegar a cumplir 22 años dentro de Inisa). Es decir, se generaría dentro del organismo un grave conflicto, afectando directamente a los funcionarios que trabajan en los diferentes centros de privación de libertad, los que deberían entre otras cosas recibir una instrucción diferente para trabajar con hombres en lugar de con adolescentes".
• "Por otro lado, es de esperar que el incremento del máximo de privación de libertad conlleve -en una suerte de 'efecto arrastre'- un aumento general de la punibilidad. En efecto, si el mensaje del legislador es que ahora se pueden imponer medidas privativas de hasta 10 años, es esperable que se produzca un corrimiento de los guarismos actuales para la mayoría de las infracciones".

El documento concluye con la afirmación de que estas medidas, de confirmarse, provocarán "un gran caos a nivel penitenciario debido a la segura y mediata saturación del sistema".

"El aumento al doble de las penas máximas aumentará en igual medida la conflictividad en los centros de reclusión y el grado de violencia con el que egresarán una vez cumplidas las medidas impuestas", continúa.

"Es, además, impensable que se puedan adoptar esta serie de medidas que exigirán muchos más recursos de todo el sistema en el marco de un proceso de restricción presupuestal".

Los trabajadores del Inau e Inisa recordaron, finalmente, que "la adolescencia es una etapa difícil", que "el adolescente tiene menor capacidad de querer y entender", que "su personalidad está en proceso de formación y dada su falta de madurez física, mental y emocional necesita protección y cuidados especiales".

"La infancia y la adolescencia se encuentran protegidas especialmente por el derecho, siendo la Convención de los Derechos del Niño el instrumento fundamental que tiene una mayor tolerancia ante las transgresiones de los adolescentes. Nos parece pues, que nada justifica los cambios legales propuestos", añade el documento.

"Es deseable, frente al fenómeno criminal, que se apliquen más políticas de rehabilitación y reinserción, porque más tarde o más temprano quienes infringen las leyes salen a la sociedad y si no hay rehabilitación ni inclusión van a repetir su conducta infractora", sigue.

Finalmente, los trabajadores pidieron que se abra "un ámbito de discusión donde el eje no sea estar discutiendo cuánto tiempo de reclusión hay que establecer, sino qué hacemos en ese tiempo".

"No parece ser este el camino que emprende la ley de urgente consideración, como tampoco parece obedecer a un estudio, investigación, planificación, formulación y evaluación de políticas, como lo indica la Regla 30 de Beijing", concluye el escrito, que puede leerse por completo a continuación.

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