Suprema Corte analizará qué pasó con las denuncias previas a la muerte de Jonathan Correa

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió en las últimas horas iniciar una investigación administrativa “para comprobar o descartar la existencia de irregularidades en el servicio” en el caso de la muerte de Jonathan Correa.

Tal como es de público conocimiento, el adolescente murió luego de sufrir una brutal paliza a manos de su padre en su casa de Flor de Maroñas. Las pesquisas revelaron que el joven había sido víctima de violencia intrafamiliar prácticamente durante toda su vida. Asimismo, se comprobó que en los últimos dos años hubo denuncias al respecto, reportes que, por diversas razones, no generaron acciones contra el agresor.

Ahora, según informa este jueves el semanario Búsqueda, la SCJ analizará lo sucedido con dos denuncias de violencia previas al homicidio, registradas en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública y vinculadas a su entorno familiar. Ambas motivaron pedidos de informes a las juezas intervinientes.

El informe detalla que una de las actuaciones corresponde a abril de 2024. En aquel entonces, fue la madre del menor quien denunció a Jonathan Correa, su pareja, acusándolo de agresiones.

En ese momento, la mujer señaló que el hombre, con problemas de consumo de drogas, la había atacado “resultando lesionada con un corte profundo en la boca” y que se había llevado a sus dos hijos —entonces de 13 y 6 años— “desconociendo hacia dónde se dirigían”. También manifestó temor por su hijo mayor, ya que el hombre “en oportunidades anteriores también lo golpeó”.

Días después, la mujer solicitó medidas cautelares, incluyendo tobillera electrónica, aunque sin promover instancia penal ni solicitar custodia policial. La jueza de Familia Especializada de 10º Turno, María Elena Iriarte, dispuso la prohibición de acercamiento y comunicación en un radio de 500 metros por 180 días. El caso fue archivado el 11 de noviembre, al no registrarse “incumplimientos ni hechos nuevos”.

Una segunda actuación se originó en noviembre de 2025, a partir de una comunicación de la UTU Flor de Maroñas. Según informó la jueza de Familia de 4º Turno, Rossana Re Fraschini, el 27 de noviembre “recibió una comunicación de la seccional policial 16ª, mediante la cual se le informó que, a las 10.30 de ese mismo día”, la subdirectora del centro educativo había advertido lesiones en el adolescente.

De acuerdo con su relato, el 20 de noviembre, Jonathan “había concurrido al centro educativo con varios moretones en las rodillas”, cuya explicación “no coincidía” con la brindada posteriormente por la madre. Por aquel tiempo, argumentó que el niño se había lastimado jugando al fútbol.

La docente recomendó atención médica, lo que no se concretó. Además, informó que el 26 de noviembre el adolescente faltó a clases y que la madre comunicó que el padre “se lo llevó a Neptunia”.

Ante estos elementos, la subdirectora resolvió dejar constancia por la posible existencia de violencia doméstica. La Policía incorporó a ese registro la denuncia de 2024.

La resolución judicial señala que, aunque se trataba de una constancia y no de una denuncia formal, la magistrada actuó ante la urgencia: “Dictó la resolución inicial correspondiente”, disponiendo la intervención del INAU, la comunicación a la Fiscalía y la solicitud de antecedentes.

Sin embargo, al 9 de marzo de este año, la sede judicial no había recibido respuesta: la Policía no había remitido los antecedentes y el INAU no había elaborado el informe.

En la denuncia de la UTU, y tal como informáramos anteriormente, un error de vocabulario pudo ser la causa de una grave omisión: la orden judicial que pedía que se “aborde” el caso fue registrada por la Policía como “aguarde”, y no se actuó.

A partir de ello, la SCJ solicitó información al Ministerio del Interior, que reportó tres novedades: las dos denuncias descriptas líneas arriba y la muerte del menor.

Ahora, mediante la anunciada investigación, la SCJ procurará “examinar la corrección de procederes de los operadores judiciales” y, eventualmente, llegar a la “individualización de a quien pudiere caberle responsabilidades”.

María Noel Tornarelli, ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 3º turno, será quien lleve adelante la acción.