El empresario argentino Lázaro Báez y sus hijos obtuvieron un sobreseimiento parcial en una causa por evasión impositiva, luego de que el Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 3 aplicara la llamada Ley de Inocencia Fiscal. La norma elevó los montos mínimos necesarios para que la falta de pago de impuestos sea considerada delito.
Según informó el medio argentino Cadena 3, la investigación analizaba presuntas deudas tributarias de la empresa Austral Construcciones correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, vinculadas al impuesto al valor agregado, al impuesto a las ganancias y otras obligaciones fiscales.
Con la nueva legislación, la evasión simple solo se configura cuando el monto supera los 100 millones de pesos por tributo y por año fiscal, mientras que la evasión agravada requiere cifras superiores a los 1.000 millones. Además, se fijó un piso mínimo para los casos vinculados al uso de facturación falsa.
A partir de estos cambios, las defensas solicitaron el sobreseimiento, al considerar que la mayoría de los montos investigados quedaron por debajo de los nuevos límites. El tribunal aceptó ese planteo al aplicar el principio de la ley penal más benigna, que obliga a utilizar la norma vigente cuando resulta más favorable para los imputados, incluso de forma retroactiva.
Los jueces Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli resolvieron que las cifras correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2013 y 2014 no alcanzan el mínimo establecido por la nueva ley, por lo que dispusieron el cierre parcial del proceso para esos períodos.
El único tramo de la causa que seguirá en pie es el correspondiente al año 2012, cuando la empresa registró montos superiores al nuevo piso legal, lo que mantiene abierta la investigación judicial por ese ejercicio.
La resolución también benefició a los hijos del empresario —Martín, Luciana y Leandro Báez— y a otros imputados vinculados a la compañía, quienes obtuvieron sobreseimientos totales o parciales según el período analizado.
De esta forma, el proceso continuará únicamente por las supuestas irregularidades detectadas en 2012, mientras que el resto de los hechos quedó cerrado por aplicación de la nueva normativa penal tributaria.