La Unión de Sindicatos Policiales (USIP) —que integran el Sindicato Único de Policías del Uruguay y el Sindicato Policial Nacional— envió una carta en reclamo de la Ley Nacional de Presupuesto al presidente de la República, Yamandú Orsi.
En la misiva, el colectivo de sindicatos sostuvo que la partida anual de $ 20 millones prevista para la administración del Frente Amplio para “compensación por insalubridad” afecta “la equidad, la coherencia técnica y la dignidad laboral de funcionarios del Ministerio del Interior”, así como también repercute, de forma “directa”, en el sistema de seguridad pública.
Desde la USIP cuestionan que la compensación solo incluye a funcionarios de escalafones S (personal penitenciario), A (profesional universitario), B (técnico) y C (administrativo), excluyendo de forma inexplicable a los funcionarios del escalafón L (personal ejecutivo), quienes cumplen las mismas tareas, bajo las mismas condiciones y en los mismos centros de reclusión.
Según el colectivo de sindicatos, la decisión genera “una situación grave e injustificada”. En primer lugar, la USIP sostuvo que la medida carece de “ausencia de fundamento técnico y jurídico”. “La insalubridad no depende del escalafón administrativo, sino de la naturaleza de la tarea, la exposición al riesgo y las condiciones de trabajo. Dos funcionarios que realizan las mismas funciones en un establecimiento carcelario enfrentan idéntica insalubridad, con independencia del escalafón en el que estén presupuestados”, señaló en un comunicado.
En tanto, los sindicatos policiales también sostuvieron que “vulnera el principio de igualdad”. “El criterio adoptado contradice el principio constitucional de igualdad ante la ley y el principio laboral de ‘a igual tarea, igual remuneración’, al otorgar un beneficio diferenciado a funcionarios que realizan el mismo trabajo”, dice el comunicado.
Desde la USIP afirman, también, que la medida “fractura la cohesión entre funcionarios que comparten responsabilidades, riesgos y condiciones operativas”. “Supone, en los hechos, un trato discriminatorio sin fundamento válido, afectando la moral institucional y la percepción de justicia interna”, expresaron.
Ante esta situación, el colectivo pidió “una reunión de carácter urgente” con Orsi, así como disponer de la elaboración y publicación de un informe técnico que explicite los criterios que se usaron para excluir a los funcionarios del escalafón L y la “revisión inmediata” de esta medida. La USIP sostiene que todos los trabajadores deberían recibir la compensación.
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