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El Sindicato Policial se amparó en el derecho de petición para que se incluya en el proyecto de Rendición de Cuentas la derogación del inciso F del artículo 37 de la Ley Orgánica Policial 19.315, que inhabilita a los funcionarios a realizar tareas de seguridad privada.
Los policías esgrimen estar "lesionados en su interés directo, personal y legítimo" al verse impedidos de percibir ingresos a los que otros ciudadanos sí acceden.
"Resulta poco serio (y penoso) que los comercios acudan a formas laborales encubiertas: reponedores, servicios de organización, cajeros auxiliares y las más diversas ficciones jurídico-laborales, cuando en realidad lo único que se pretende con la contratación de un policía es una actividad de ‘seguridad privada' que resulta imprescindible en los tiempos de extrema inseguridad que se están viviendo", expresa el texto de la petición.
En ese sentido, aseguran ser víctimas de un "tratamiento asimétrico, diferencial e injusto que no se sostiene ante el derecho constitucional, ante el derecho administrativo, ante el derecho laboral y ante las normas respectivas de la propia materia", por lo que piden que se les permita realizar tareas de vigilancia, custodia o asesoramiento en materia de seguridad privada.
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