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No sé, yo la tiro...

Senador blanco planteó cerrar el Correo Uruguayo; cuestionó pérdidas por US$ 200 millones

El legislador Rodrigo Blás propuso licitar los servicios postales por zonas, vender los inmuebles del organismo y conservar al personal.

21.11.2026 10:16

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Montevideo Portal

El senador del Partido Nacional Rodrigo Blás propuso que el Estado deje de gestionar el Correo Uruguayo como organismo público, aunque mantenga la prestación de los servicios postales mediante otro modelo de gestión. El legislador cuestionó el resultado financiero de la institución y afirmó que entre 2020 y 2025 acumuló pérdidas por unos US$ 206,7 millones.

Blás desarrolló su planteo en una columna titulada “Bo, cartero”, publicada en sus redes sociales. Allí propone licitar los servicios postales por zonas, con exigencias de calidad y tarifas razonables, garantizar el servicio en las localidades donde el negocio es menos rentable, obtener fondos con la venta de los inmuebles del organismo y mantener a los funcionarios actuales. 

Para respaldar su propuesta, el senador citó las cifras del organismo. El Correo registró ingresos por 2.003 millones de pesos y gastos por 3.585 millones, lo que arroja un déficit operativo de 1.582 millones de pesos, unos US$ 39,6 millones. Además, necesitó un financiamiento de 1.621,5 millones de pesos (unos US$ 40,5 millones) para sostener su funcionamiento, y sus inversiones fueron de 72,2 millones de pesos, alrededor de US$ 1,8 millones. 

El organismo cuenta con 117 oficinas, 709 carteros y 275 funcionarios de atención al público. Según Blás, buena parte del correo tradicional fue sustituido por herramientas digitales, y la caída de la demanda exige revisar la estructura pública.

El senador también puso el foco en la cartera de clientes. A partir de un pedido de acceso a la información, sostuvo que ocho de los diez mayores clientes institucionales del Correo son organismos del Estado, entre ellos Antel, Brou, UTE, OSE, BPS, la Intendencia de Montevideo, BSE y DGI. Para el legislador, eso muestra que el organismo depende del propio Estado y que esa contratación entre entes públicos funciona como un subsidio indirecto. 

Blás planteó que las encomiendas, el comercio electrónico y la logística pueden quedar en manos de empresas privadas que compitan sin que el Estado cubra sus pérdidas. Aunque reconoció que garantizar el acceso universal al servicio postal es una responsabilidad estatal, consideró que eso no requiere una administración directa: “Defender lo público no puede significar defender cualquier gasto público”.

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