La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se refirió al caso de la exministra de Economía Azucena Arbeleche, quien firmó una resolución por beneficios a la empresa Lanafil SA, donde su esposo es gerente.
De acuerdo con el fallo, Arbeleche “violentó las normas de conducta en la función pública” al otorgar beneficios a la compañía. La resolución contó con los votos de la presidenta del organismo, Ana Ferraris, y del vicepresidente, Alfredo Asti, mientras que Luis Calabria —director por la oposición— votó en contra.
En el documento, al que accedió Montevideo Portal, se asegura que en marzo de 2023 se recibió una denuncia anónima por presuntas incompatibilidades en el ejercicio de Arbeleche como ministra.
La relación del esposo de Arbeleche con la empresa se desprende de la misma declaración jurada que la exjerarca presentó en su momento. Sostiene que, según el Código de Ética en la Función Pública, ningún funcionario debe ejecutar decisiones que involucran a empresas en las que haya vínculos familiares.
Calabria, por su parte, contrarió este argumento y aseguró que Arbeleche no obtuvo ningún beneficio personal por la decisión que tomó al firmar la resolución. Actuó, según el blanco, “acorde a derecho” y no tuvo una “desviación funcional”.
En su respuesta, la exministra aseguró que actuó en todo momento ajustado a derecho. “Actué en todo momento con estricto apego a la legalidad y a los principios que rigen la función pública. El procedimiento seguido se ajustó plenamente a la normativa vigente en materia de promoción de inversiones, sin apartamiento alguno de los criterios técnicos aplicables”, indica el texto.
En el mismo sentido, consideró que no existió conflicto de interés porque el “beneficio otorgado constitue un acto esencialmente reglado, adoptado en el marco de la ley 16.906”.
“No se trata de un ámbito de discrecionalidad ni de apreciación subjetiva. El expediente en cuestión fue elaborado por una comisión integrada por representantes de distintos ministerios, que luego de estudiar el caso recomendaron otorgar el beneficio. En ningún momento del proceso hubo objeciones de ningún tipo a la solicitud. No hubo beneficio indebido ni trato diferencial”, sostuvo la exjerarca.