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Algunos días después de que se registrara ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) el primer club cannábico, este martes se iniciaron los trámites del segundo de ellos: el Club de Cannabis "CLUC" (Cultivando la Libertad Uruguay Crece).
Se trata de un club promovido por Proderechos, una de las organizaciones que reivindica la legalización del mercado de cannabis desde antes de la aprobación de la ley que regula su comercialización. A través de un comunicado, el colectivo destacó que el nuevo club cannábico apunta a tener "un modelo participativo, accesible e innovador".
El club tendrá una membresía de 650 pesos por mes. En promedio, y según la cantidad permitida máxima de producción permitida por la reglamentación, los socios del club podrán obtener un gramo de marihuana por entre 24 y 26 pesos. Según el comunicado, las instalaciones del club estarán ubicadas en "el interior de una vivienda de uno de sus miembros", que según los integrantes del club será espacio suficiente para el cultivo.
Los fundadores del CLUC destacan la conveniencia de un "modelo de gestión participativo" en el que "nuestros miembros tengan una participación activa en la toma de decisiones, ya sea del proceso de producción (preparación del suelo, cultivo, cosecha, "manicura" y secado), así como de la comunicación, formación, actividades recreativas, administrativas o contables".
El club también tendrá "responsables técnicos rentados" con medio horario, que se encargarán de liderar el proceso productivo y de las tareas administrativas, más allá del aporte de los demás integrantes.
En efecto, el comunicado de Proderechos remarca la necesidad de los clubes cannábicos implanten un "formato cooperativo" alternativo a "el modelo mercantil de empresa-consumidor". En ese sentido, defiende la "innovación" en la determinación de variedades y los procesos de producción "como forma alternativa a la venta en farmacias".
"La promoción de esta forma de llevar adelante los clubes de cannabis necesita de la menor cantidad de trabas y exigencias posibles, resguardando la calidad y seguridad tanto de las plantas como del acopio del cannabis", sostiene la organización, que entiende que "exigencias como la de alquiler o propiedad de terrenos por parte de las asociaciones civiles haría menos viable el desarrollo de un club".
Por ese motivo, para los integrantes del club "la viabilidad de esta propuesta de acceso al cannabis dependerá de las condiciones que finalmente establezca el IRCCA en cuanto a la obligación o no de que la asociación civil tenga un local propio a su nombre, a la posibilidad de asociar cultivos y hacer economías de escala, o bien en cuanto a los requisitos en seguridad que exijan".
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