Se realizó un nuevo desalojo a familias, entre denuncias de xenofobia y destrato

Este jueves, a unos pasos del Mercado del Puerto, se concretó un nuevo desalojo a ocupantes de una expensión en la Ciudad Vieja.

El juez subrogante "concretó los deseos" de uan sociedad anónima y de un particular "al negar la prórroga solicitada por los y las vecinas; poco importó que hubiera una bebé, cuatro niños en el inmueble y un hombre con reposo por licencia médica", narró a través de redes sociales Valeria España, integrante del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

No es el primer desalojo masivo este año, lo que desnuda una trama de explotación a inmigrantes y personas vulnerables a través de subalquileres sin fiscalización, pensiones irregulares y un problema estructural en el país que favorece este tipo de casos, cree el Centro. El episodio más mediático se dio la semana pasada, cuando 34 inmigrantes fueron desalojados de una pensión en Pocitos. Los inquilinos pagaban por el alquiler de las habitaciones y los servicios de agua y luz a una intermediaria, quien a su vez debía abonarle a la dueña de la casona. Pero la "encargada" de la residencia no efectuó los pagos correspondientes.

En el caso de ayer, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos denunció que se incumplió la Observación General 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (órgano de tratado encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales ratificado por Uruguay), que establece entre otras cosas que "no se debe efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche", los "desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos" y que "cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas".

Masa crítica

Valeria España comentó a Montevideo Portal que el Centro tomó conocimiento del caso el viernes pasado, ante la desesperación de los vecinos que desde hace años estaban viviendo allí. Ingresaron al lugar como huéspedes de un hotel que funcionaba en el lugar de forma irregular. Los encargados les cobraban un monto, pero se colgaban de la luz y el agua.

Los encargados se fueron, con los huéspedes viviendo como ocupantes precarios, que intentaron resolver su situación por vía legal, indicó. Poco después, una sociedad anónima inició el juicio que culminó en el desalojo.

"Acá queremos plantear que hay un problema estructural: se repite la falta de habitabilidad, casas de inquilinato que funcionan en forma irregular y una ausencia del Estado prolongada que genera que se den estas situaciones. La responsabilidad es de la autoridad en este sentido, porque deja que se regulen estos episodios entre particulares. Eso genera que las personas en mayor vulnerabilidad sean las más afectadas. Los que tienen más recursos son los que se aprovechan de los más vulnerables, que son quienes terminan enfrentando el desalojo", afirmó.

Puso como ejemplo lo sucedido en Pocitos pero también otro incidente en abril, con mucha menos prensa, que ocurrió en medio de una alerta naranja y dejó a 22 familias en la calle. "El foco de la cuestión es que no se ocuparon recursos para atender la irregularidad de las pensiones y atender esto de raíz", señaló España.

El Centro trabaja en estos casos desde 2014, aunque en general toma conocimiento cuando ya las familias están recibiendo los cedulones. Cuando los vecinos los contactan, "muchas veces pasaron ya por malos asesoramientos, pagaron mucha plata a abogados o se vencieron los plazos procesales", indicó España.

"Vemos una red que se ha ido consolidando, porque se repiten nombres de encargados que desalojan, generándose condiciones que hacen que esto sea un negocio", indicó. "Como opera el mercado de los alquileres, los propietarios no se desgastan: alquilan una casa, que es subarrendada para pensiones sin tener los servicios adecuados. Se genera un mercado clandestino de alquileres y pensiones a raíz de la demanda no satisfecha por la política de Estado", agregó.

En el caso ocurrido ayer, había 16 personas, entre las que se encontraba una bebé de 10 meses y también niños. Según Valeria, "no solo fue violenta la situación sino la actitud de la fuerza pública y el alguacil que intervino". Hubo una "profunda xenofobia y un destrato que asusta por parte de una operadora judicial", dijo al respecto del trato a inmigrantes.

Para el Centro, "no tendría que haber desalojos en invierno", por ejemplo, o debería existir una respuesta institucional ya armada con un protocolo, "porque las herramientas existentes hoy son débiles y no hay garantías para que no se vulneren los derechos humanos".

"En el imaginario figura que ocupar está mal y que las personas que quieren recuperar sus inmuebles pueden valerse de cualquier herramienta, pero hay que discutir que hay límites al ejercicio de cualquier tipo de fuerza, lo que incluye la ley", agregó España. "Dejar en la calle a niños y bebés implica la vulneración de otros derechos y muestra que es la punta del iceberg de un problema más complicado", culminó.