El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) presentó el pasado jueves una acción de amparo ante la Justicia, en la que denunciaron el "incumplimiento de la empresa UPM de las condiciones ambientales bajo las cuales fue autorizada la instalación de su nueva planta de celulosa en el departamento de Durazno y que requiere la suspensión de las obras en curso, mientras esos requisitos no se cumplan".
Según indicaron desde Movus, las justificaciones de esta acción de amparo se encuentran dentro de la documentación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), donde se constata que la empresa UPM "sobrepasó" el plazo máximo de los seis meses para cumplir con las condiciones bajo las cuales fue otorgada la Autorización Ambiental Previa a la planta de celulosa y la zona franca proyectada.
La Justicia aceptó el pedido de amparo y dio lugar a que se comience a investigar a nivel de la Justicia el asunto, "algo que no se da frecuentemente" ya que estos pedidos "no siempre son aceptados", según explicaron desde Movus.
Este jueves a las 16:00 horas, en la sede de Tribunales, en Plaza Libertad, se llevará a cabo la audiencia citada por la Jueza del Juzgado Letrado Civil de 15o Turno por esta acción.
Ante el "incumplimiento por UPM de las condiciones requeridas por la Autorización Ambiental Previa de la planta de celulosa en Paso de los Toros", el Movus "demanda el cese de la obra mientras UPM no presente la documentación requerida y esta sea aceptada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)".
Raúl Viñas, uno de los voceros de Movus, explicó a Montevideo Portal que el hecho de que las obras ya hayan comenzado ya implica una modificación en el ambiente; por tanto, lo ideal era que el cumplimiento de los requerimientos se diera antes de comenzar con la construcción, dijo.
Viñas explicó que, al no llegar a los plazos estimados por la Dinama, Movus presentó este recurso de amparo para que se comience a investigar. En ese sentido, contó que en la audiencia de hoy la empresa será citada a declarar para que dé su versión de los hechos y explique por qué no se llegó con los plazos de los acuerdos.
Posteriormente, una vez que la magistrada tenga toda la documentación arriba de la mesa, la jueza tendrá 48 horas hábiles para expedirse sobre el asunto. Una de las posibilidades, explicó Movus, es que ordene que se paren las obras hasta que se cumplan los acuerdos. La otra opción es que la construcción continúe.
Viñas aclaró que no se busca echar a UPM del país, sino garantizar que la empresa cumpla con todos los cuidados necesarios en protección del país.
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