En una jornada histórica para Francia, Nicolas Sarkozy se convirtió este martes en el primer expresidente del país en ingresar en prisión, tras ser condenado a cinco años de cárcel por su presunta participación en la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con fondos del régimen libio de Muamar Gadafi.
Sarkozy, de 69 años, fue trasladado a la prisión de La Santé, en París, bajo fuertes medidas de seguridad. Lo hizo acompañado por su esposa, la cantante Carla Bruni, y su equipo legal, tras abandonar su residencia en la capital francesa a primera hora. Aunque la sentencia no es firme y sus abogados ya han solicitado libertad provisional, el juez ordenó su ingreso inmediato.
El exmandatario reaccionó con un comunicado desafiante, publicado en sus redes sociales, en el que sostiene que “no es un expresidente quien entra en prisión, sino un hombre inocente”, y califica el proceso judicial como un “escándalo que humilla a Francia”. Añadió que el caso se basa en un “documento falso” y que se trata de una “venganza política” que arrastra desde hace más de una década.
Un caso que marca un antes y un después
El ingreso de Sarkozy a prisión marca un punto de inflexión en la historia judicial y política de Francia. Aunque ya había sido condenado en firme por corrupción y tráfico de influencias en otro expediente, el caso libio es el más simbólico y explosivo: implica a un jefe de Estado francés acusado de aceptar fondos de una dictadura para acceder al poder.
La justicia lo considera culpable de asociación de malhechores por aceptar —de forma ilícita— hasta 50 millones de euros provenientes de Trípoli para financiar su campaña presidencial, una suma que duplica el límite legal para ese tipo de procesos electorales en Francia.
La investigación, que comenzó en 2013, se nutrió de testimonios, documentos financieros y declaraciones de exdirigentes libios. El expresidente siempre ha rechazado los cargos, asegurando que todo es parte de una “instrumentalización judicial” en su contra.
Apoyos políticos y gestos del Gobierno
El encarcelamiento de Sarkozy generó una ola de reacciones en la clase política francesa, especialmente en sectores conservadores, que lo consideran víctima de una justicia politizada. En un gesto que no pasó desapercibido, el presidente Emmanuel Macron lo recibió el viernes pasado en el Palacio del Elíseo, calificando el encuentro como un acto “normal” y “humano”.
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin —cercano al expresidente y también exmilitante de su partido— ha defendido públicamente la actuación del Gobierno en torno a las medidas de seguridad y respeto institucional hacia Sarkozy, insistiendo en que ello no pone en duda la independencia del poder judicial.
La ministra de Cultura, Rachida Dati, y otros referentes del partido conservador Les Républicains también han expresado su respaldo al exmandatario, advirtiendo que el caso “tendrá consecuencias de largo alcance para la confianza ciudadana en las instituciones”.
Con información de Agencias