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Escalada

Santiago Peña es señalado por asociación criminal y ser la cabeza de la caída de Ueno Bank

Dado los movimientos hechos por Peña mientras fue presidente de Paraguay, la Fiscalía lo coloca en el centro del escándalo.

13.11.2026 17:07

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Montevideo Portal

La Fiscalía amplió la imputación contra el expresidente de Paraguay Santiago Peña, sumando el hecho punible de asociación criminal en el caso Ueno Bank, informó ABC Paraguay. Dicho tipo penal se suma a la presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, hechos por los que actualmente el exmandatario cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencia.

La ampliación de la imputación, por presunta asociación criminal, es también contra el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo Spalding y el superintendente de Bancos del BCP, Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola. Carvallo ya está procesado actualmente por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, e Insfrán Ibarrola por presunta lesión de confianza grave.

Por otro lado, el Ministerio Público presentó imputación en el marco de la misma causa contra los exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, detenidos esta mañana.

¿Por qué se agrega asociación criminal a Santiago Peña?

El Ministerio Público argumenta la ampliación de la imputación contra el expresidente de la República, incluyendo el tipo penal de asociación criminal, señalando que en marzo del año 2019 Santiago Peña Palacios habría adquirido 1.500 acciones preferidas de Credicentro (posteriormente, Ueno Holding S.A.E.C.A.).

El 14 de agosto de 2023 Carlos Carvallo Spalding dejó la presidencia de Financiera Ueno y, acto seguido, en fecha 15 de agosto de 2023, Santiago Peña asumió la Presidencia de la República, declarando activos financieros vinculados al Grupo Vázquez S.A.E. (relacionado a Ueno Bank) por guaraníes (G.) 8.894 millones (más de un millón de dólares).

Posteriormente, el 7 de setiembre de 2023, mediante el decreto nº 214, Santiago Peña designó a Carlos Carvallo Spalding como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP).

La Fiscalía destaca que las coordinaciones, acuerdos y actos materiales se habrían ejecutado de forma coordinada entre Santiago Peña, Carlos Carvallo, Holger Insfrán, Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, en función de los cargos que ocupaban en la Presidencia de la República y el Banco Central del Paraguay, respectivamente.

Santiago Peña, jefe de la estructura criminal, según el Ministerio Público

La Fiscalía sostiene que los ahora imputados habrían conformado una estructura organizada y jerárquica inserta dentro del propio aparato estatal, con el propósito permanente de subordinar el sistema financiero y los órganos de control a los intereses particulares del conglomerado Grupo Vázquez / Ueno Bank, con el cual el propio mandatario habría mantenido intereses patrimoniales cruzados (acciones, bonos y familiares vinculados en estructuras offshore en Luxemburgo / U Holding S.a.r.l.).

Para ello, siempre según la hipótesis fiscal, Santiago Peña habría ubicado y mantenido estratégicamente en los puestos de decisión a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos: Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, en la presidencia del BCP; Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos; y Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González como miembros del directorio del ente regulador.

El Ministerio Público resalta que la estructura habría operado bajo un esquema de división de tareas en el cual cada integrante habría instrumentalizado su investidura pública para garantizar el blindaje legal, la continuidad operativa fraudulenta y la impunidad del grupo empresarial.

“Desde la Presidencia de la República, Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura. Habría mantenido reuniones clandestinas periódicas en Mburuvicha Róga con Federico Miguel Vázquez (presidente del grupo financiero) para coordinar las necesidades del conglomerado”, destaca parte de la imputación fiscal.

Además, Peña habría impartido las directivas públicas e institucionales de no intervenir la entidad, habría frenado mediáticamente las alertas de insolvencia y habría recibido personalmente contraprestaciones ilícitas (hallazgo y entrega de US$ 200.000 en efectivo en sobres dentro de la residencia presidencial).

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