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La Dirección de Tránsito de la Intendencia de Salto resolvió inhabilitar a cinco cuidacoches que trabajaban en la vía pública, argumentando presuntos casos de consumo problemático de sustancias. La decisión generó cuestionamientos por parte del gremio, que rechaza las acusaciones y reclama que se respete la antigüedad de los trabajadores.
El referente del sindicato de cuidacoches, Víctor Mesetti, sostuvo que los cinco trabajadores fueron removidos “de manera abrupta” de sus puestos, tras una reunión con las autoridades municipales. Según indicó, desde la Dirección de Tránsito se señaló que el motivo de la medida sería la supuesta “drogadicción” de algunos de ellos.
Sin embargo, Mesetti cuestionó esa explicación y aseguró que no existen pruebas que respalden la acusación. “El director nos dijo ayer que el motivo es la drogadicción, pero yo no lo creo. Convivo con ellos todo el día y son personas a las que nunca vi alcoholizadas o drogadas en su puesto”, afirmó en diálogo con el medio local Diario Cambio.
El dirigente destacó que los trabajadores afectados cuentan con años de actividad como cuidacoches y que, según el sindicato, no registran denuncias ni antecedentes vinculados a su desempeño. “Son gente de familia; trabajadores que no tienen denuncias ni problemas con la Justicia”, agregó.
Tras el encuentro con las autoridades, el gremio solicitó el reintegro de los cinco cuidadores, aunque por el momento la respuesta oficial indica que continuarán los controles y eventuales retiros de trabajadores que no cumplan con las condiciones establecidas por la intendencia.
El referente señaló que la medida podría haberse dado como un efecto “contagio” de las políticas aplicadas en otros departamentos, concretamente en Colonia, donde hace pocas semanas se aprobó en la Junta Departamental dejar sin efecto una ordenanza de 2004 que regulaba la actividad.
En Montevideo, los ediles de la oposición presentaron una moción ante la intendencia para “prohibir los cuidacoches no registrados” y piden que, en conjunto con el Ministerio del Interior, aplique la ley de faltas a las 3.000 personas que ejercen esta actividad sin el papeleo correspondiente.
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