La empresa República Ganadera, que en noviembre de 2024 fuera la segunda de su rubro en caer por un déficit patrimonial millonario, elaboró días atrás un documento de reestructuración operativa a modo de acuerdo concursal a sus inversores, según confirmaron a Montevideo Portal los abogados Leonardo Costa y Juan Pablo Decia.

Ambos afirmaron que las defensas de los alrededor de 1.400 damnificados van a evaluar esta propuesta, que en principio se iba a presentar a los abogados de los inversores este mismo martes 27 de mayo en la sede de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), cosa que finalmente no se concretó.

A partir de la presentación en el juzgado vamos a tomar conocimiento formal de ese proyecto y lo discutiremos de cara a la junta de acreedores, a ver si se puede aprobar ese proyecto de acuerdo concursal”, detalló Decia a Montevideo Portal.

Y sumó: “Naturalmente que tiene que ser analizado por técnicos, ingenieros agrónomos de confianza de los acreedores, para ver si lo que se presenta allí es viable y tiene la factibilidad necesaria como para poder aprobarlo en el marco de la junta de acreedores y de un convenio concursal”.

Ahora, un recorte de un resumen ejecutivo de un documento titulado “Fideicomiso de reestructuración operativa de República Ganadera”, firmado por Juan Vidiella y Leonel Aguirre y compartido en X por el periodista Eduardo Preve, plantea a los damnificados para diciembre de 2025, “post verificación de créditos”, dos escenarios: “Liquidar la empresa vs. reorganizar las operaciones”.

En el primer caso, se propone “liquidar ordenadamente y/o rematar activos de República Ganadera”. En ese sentido apunta a que los presuntos activos de la empresa ascienden a US$ 19.5 millones (sin costos, ilíquidos ni “mermas por remate”). En cuanto a los pasivos, el cálculo es que, a abril de 2025, eran de US$ 86,15 millones. Y, ante estos, según se expresa, la “recuperación máxima” es del 22,6%. “Con costos y otros del 5% al 10%”, se plantea.

Por otro lado, se da la opción de “reorganizar” la compañía. “Es posible reorganizar el negocio si se cumplen algunos requisitos”, expresa y da una serie de lineamientos a modo de punteo.

Todo esto tendría una duración de nueve años. “Con liquidaciones parciales durante la duración del fideicomiso, se comienza a devolver la deuda a partir del año cuatro”, suma.

El plan “ejecutable” de “baja volatilidad” consiste en las siguientes propuestas:

Adicionalmente se habla de “buenos mecanismos de control”, como un “reglamento de fideicomiso bien delimitado” —“fiduciario profesional e independiente”—, “administradores estrictamente a sueldo” —“controles técnicos, contables y legales externos”—.

También proponen dar “información periódica (en cada vacunación, venta, compra y señalada) de origen interno (administración y el fiduciario) y de terceros (auditores técnicos externos)”. En este sentido se enfatiza en el “foco de accionistas sobre el control de información completa, oportuna y periódica” y la “transparencia absoluta”.

“Sería, entre tanto fracaso del 2025, un caso de fondo ganadero rescatado exitosamente (muy importante no solo para los acreedores, sino para el sector y el país en general)”, promete.

Luego detalla los “hitos más relevantes”, bajo el “principio de la bola de nieve” que llegarían hasta 2034 y plantea una posible evolución del ganado “desde el stock actual” con gráficas que van de 2025 a 2034.

También se muestran gráficas de cómo evolucionaría la deuda hasta ubicarse por debajo de los US$ 5 millones para 2034.

Finalmente figura un punteo de “algunas causantes de volatilidad y mitigantes parciales”, como factores climáticos, sanitarios, de manejo, abigeo, fluctuaciones de precios, mala praxis, riesgos de agencia y abuso de funciones.

Sobre este último punto dice que el abuso de funciones “se mitiga mediante un reglamento de fideicomiso bien definido donde se limite y controle las funciones y potestades de los administradores (gastos permitidos, límites de decisión, frecuencia de información, mecanismo de nombramiento y sustitución, y otros)”.

A mediados de marzo de este año, la Justicia decretó el concurso necesario de República Ganadera, lo que implicó el desplazamiento de autoridades de este fondo ganadero. Por su parte, fue designada como síndica la abogada Zamira Ayul.

Antes, en febrero, República Ganadera había informado a los acreedores que avanzaba en su proceso de reorganización y por entonces aseguró que estaba negociando un convenio concursal.

A través de un comunicado, la firma decía haber intensificado desde diciembre sus esfuerzos para alcanzar una solución sostenible con más de 400 reuniones presenciales con inversores y negociaciones semanales con la comisión de abogados que representa a un grupo de acreedores.