República Ganadera: Decia critica demora de fiscal y señala “maniobra delictiva sostenida”

Esta semana, Zamira Ayul, la síndica designada en la intervención de la empresa República Ganadera, presentó a la Justicia de Concurso un inventario de la empresa que da cuenta de que existe un pasivo en el entorno de los US$ 98 millones, con activos que se acercan a los US$ 13 millones. Es decir, que el déficit patrimonial asciende a US$ 85 millones.

Ante esto, el abogado de varios damnificados por el caso, Juan Pablo Decia, se mostró crítico con el accionar del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, en el caso, a casi 10 meses de que se judicializara.

“Es contundente la evidencia que existe sobre la faltante de ganado, y eso mínimamente constituye un presunto delito de apropiación indebida, que el fiscal tiene el deber de imputar”, manifestó Decia en diálogo con Montevideo Portal, y agregó que el faltante certificado por Ayul “no lo explica ni la sequía ni los avatares del negocio ganadero”. “La baja que pudo haber existido en algún momento el precio de la carne o la crisis por la sequía no pueden explicar y no pueden justificar una faltante de US$ 85 millones”, sumó.

De acuerdo con el abogado, “el ritmo de la investigación penal en el caso de República Ganadera no se condice con la dimensión de la maniobra”.

En este sentido, Decia cuestionó que todavía no se haya formalizado la investigación sobre los socios de la firma Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio, pese a la “contundencia” del inventario y de cientos de denuncias presentadas.

Más allá de la medida del cierre de fronteras para los directores de la firma, que tuvo una extensión de 120 días adicionales esta semana, la exigencia de la defensa es la prisión preventiva, que podría dictaminarse ante la existencia de una imputación.

A esto se suma “el informe de un escritorio rural que acredita el faltante de ganado”, ya que da cuenta de que la empresa cuenta “con el 10% del ganado que debería tener” y que los directores, “antes de pedir el concurso, adulteraron los activos y los pasivos”.

Decia agregó que, de hecho, uno de sus clientes recibió insistentes llamadas para invertir en República Ganadera e incluso le mejoraron la rentabilidad prometida.

“Él se decidió, hizo la inversión el miércoles 20 de noviembre de 2024. Pasaron dos días hábiles, y el lunes 25 presentaron la solicitud de concurso voluntario. Claramente, al momento de recibir la inversión tenían pronta la solicitud de concurso y pleno conocimiento del estado de insolvencia”, indicó, y manifestó que “eso grafica y demuestra a las claras la mala fe, la intención de estafar y de apropiarse indebidamente de las inversiones de los ahorristas”.

Así, el abogado enfatizó en que no se trata de “un tema concursal”, sino de “una maniobra delictiva sostenida”. Y en este punto volvió a mostrarse crítico con el accionar fiscal: “El inicio de la investigación penal da la pauta de que la Fiscalía de alguna manera está esperando ver el avance del proyecto de convenio concursal que presentó República Ganadera para ver si se obtienen las adhesiones que la ley concursal requiere, para que, si llegaran a obtenerse esas mayorías y si se llegara a aprobar el convenio concursal, quizás el proceso penal no avanza más allá de lo poco que avanzó hasta ahora”.

A juicio de Decia, eso “sería un pésimo mensaje del sistema penal”. “No se puede permitir que se genere una maniobra delictiva sostenida y millonaria, y que la responsabilidad penal quede enervada porque los responsables pidieron un concurso y plantearon un convenio concursal a sus acreedores”, indicó.

En cuanto a la cautelar de cierre de fronteras, criticó que el fiscal no le dio cuenta a los cientos de denunciantes ni a sus defensas de que se había solicitado la prórroga y esta había sido concedida por la Justicia, algo que se deberían hacer, de acuerdo con el nuevo Código del Proceso Penal.

“La Fiscalía de Lavado de Activos está llevando adelante la investigación con absoluta prescindencia de la participación de los abogados denunciantes y de las víctimas”, recriminó. “No se nos da información en forma espontánea, sino que hay que requerirla, buscarla, con todas las dificultades que hay atrás de eso”, recalcó, y dijo que lo mismo sucede en el caso de Conexión Ganadera.

Sin embargo, Decia sí planteó que hay una diferencia notable entre las investigaciones sobre Conexión Ganadera, sobre la que ya están imputados los socios Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, y República Ganadera. “Creo que, en el caso de Conexión Ganadera, se avanzó más rápido porque justamente el fiscal está partiendo desde la lógica de que la empresa está en vías de liquidación y no hay posibilidad alguna de que se llegue a un acuerdo concursal. Entonces se avanzó en lo penal sabiendo que, a nivel concursal, no había ninguna posibilidad de acuerdo entre la empresa y sus acreedores”, manifestó.

En el caso de República Ganadera, “hay un principio de acuerdo con algunos acreedores” y el letrado sospecha que el fiscal Rodríguez está especulando con un posible convenio concursal.

“Esa es una estrategia que República Ganadera viene llevando desde diciembre del año pasado. En diciembre, cuando vinieron las primeras denuncias, presentó un acuerdo privado de reestructuración. Luego, cuando esas denuncias empezaron de alguna manera a acumularse y la cuestión penal se empezó a complicar, ahí pidieron el concurso voluntario y fueron de alguna manera estirando la posibilidad la declaración del concurso”, ejemplificó.

En cuanto a qué delitos se le deberían imputar a Jasidakis y Mussio, señaló que son asociación para delinquir y estafa. “Ellos vendían la apariencia de una empresa que, con las inversiones, compraba ganado y los hechos demuestran que no compraban ni el 10% de lo que recibían”, aludió.