El Global Drug Policy Observatory (GDPO) emitió un informe acerca del surgimiento de Uruguay y África Occidental como una ruta de tránsito para la cocaína y los desafíos que presenta a la comunidad internacional.
El GDPO "tiene como objetivo promover evidencia y políticas de drogas basadas en los derechos humanos a través de informes, monitoreo y análisis exhaustivos y rigurosos de los desarrollos de políticas a nivel nacional e internacional".
"El surgimiento de Uruguay como una ruta de tránsito para la cocaína presenta nuevos desafíos a la comunidad internacional, cooperación policial y crea una mayor necesidad de establecer canales seguros de comunicación entre la policía uruguaya y de África occidental", señala el informe.
"Los puertos de África occidental son destinos importantes para los envíos de cocaína que generan preguntas sobre la seguridad portuaria y la participación de las autoridades en el comercio ilícito. La seguridad portuaria es un requisito previo para el desarrollo económico y la satisfacción de las necesidades de una región de rápido crecimiento", agrega el texto.
El GDPO advierte que "los programas de cooperación internacional son útiles para aumentar la capacidad de la ley, la aplicación de la ley en áreas críticas, pero debe ponerse en pie a largo plazo y convertirse más abarcativo sin restar fondos de otras prioridades de desarrollo".
Además, destaca que las "reformas del cannabis en Uruguay y Ghana contribuyen en gran medida a abordar las sistemáticas condiciones que hacen posible la corrupción".
El reporte destaca que a fines de 2019, las autoridades de Uruguay anunciaron en rápida sucesión tres ataques de cocaína, incluida la más grande jamás hecha en la historia del país.
Por otro lado, señalan que "las incautaciones en Uruguay plantean preguntas sobre el impacto de las políticas prohibicionistas de drogas en países que ni producen ni consumen drogas ilícitas comercializadas internacionalmente".
En el lenguaje del control internacional de drogas agencias son "países de tránsito" pero debe considerarse como "neutrales" en el conflicto centenario entre productores, consumidores y agencias de control de drogas, señala el informe.
Mirá el informe completo a continuación:
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