Reforma del CPP: ¿qué plantean en el FA tras la marcha atrás sobre la libertad anticipada?

El debate por el proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) sumó un nuevo capítulo este martes: trascendió en las últimas horas que el Poder Ejecutivo, luego de varias críticas por parte de varios actores políticos y sociales, optó por dar marcha atrás con el capítulo del documento que introducía cambios en el régimen de libertad anticipada.

La decisión fue tomada un día después de que el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, encabezara reuniones en Torre Ejecutiva con representantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crysol, quienes habían criticado las modificaciones del documento porque beneficiaban a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.

Primeramente, la bancada del Frente Amplio optó por seguir con el tratamiento del proyecto y decidió que no votaría ese beneficio, pero, según informó el programa Aire rico (FM Del Sol) en la tarde del martes, el gobierno optó finalmente por quitar los cambios de la redacción original.

A raíz de esto, y consultado por Montevideo Portal, el senador frenteamplista Eduardo Brenta dijo que aún se encuentran “analizando” cómo continuar con el tratamiento de la reforma del CPP porque “seguramente” el capítulo referido a los cambios en la libertad anticipada se “reescriba” y no se elimine del todo.

Legisladores como el colorado Pedro Bordaberry y el nacionalista Javier García también emprendieron críticas hacia el espíritu de la nueva normativa, cuyo capítulo cuestionado habilitaba también a reclusos con condenas por narcotráfico, delitos sexuales, rapiña, homicidio agravado, secuestro y extorsión a tramitar el beneficio ante la Justicia.

El texto original proponía modificar el régimen vigente y permitir que personas condenadas por delitos actualmente excluidos pudieran solicitar la libertad anticipada. A cambio, se establecía un criterio más exigente al requerir el cumplimiento de tres cuartas partes de la pena en lugar de la mitad o dos tercios, como prevé hoy la normativa general.

En ese contexto, la directora del INR, Ana Juanche, dijo en una entrevista en Canal 5 que, de aprobarse el cambio, el régimen se “descomprimiría” con la liberación de una cifra en torno a los 2.500 presos, o un 15% de 17.000 reclusos, en el plazo de un año. No obstante, horas más tarde aclaró en diálogo con La Diaria que el número efectivo sería menor y rondaría las 400 personas.

Desde el Ejecutivo se insistió en que no se trata de una liberación automática, ya que cada solicitud debe ser evaluada por la Justicia con informes de conducta y antecedentes.