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En las últimas semanas, después de la negociación que mantuvieron el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, el proyecto de la reforma de la seguridad social que está a estudio de la Cámara de Diputados sufrió varios cambios, algunos que incluso trastocaron los que el Poder Ejecutivo consideraba “pilares de la reforma”.
En concreto, de los cuatro puntos que Manini Ríos puso como condición para votar el proyecto, hubo dos fundamentales que el presidente aceptó.
Uno de ellos fue modificar los años considerados en el cálculo del haber jubilatorio. De los 25 que se establecían en el proyecto que fue aprobado por el Senado, ahora en Diputados se cambió para que se consideren los mejores 20 años de trayectoria laboral a la hora de calcular la jubilación, variación que se estimó tendrá un costo extra aproximado del 0,3% del Producto Interno Bruto (US$ 300 millones).
Otro reclamo de Manini Ríos fue que se sacaran del proyecto los artículos que permitían a las AFAP invertir un mayor porcentaje de sus fondos en el exterior. Esos puntos, que fueron aprobados en el proyecto votado en el Senado, quedaron por el camino en la discusión que se dio en Diputados y fueron sacados de la iniciativa.
Con relación a las AFAP, sin embargo, el documento originial planteó un cambio en el sistema de jubilaciones mixto, que tiene que ver con los aportes que hacen los trabajadores a las administradoras de ahorro previsional para la capitalización individual.
A partir de que el proyecto de reforma de la seguridad social se apruebe, los contribuyentes deberán seguir destinando el 15% de su salario a la seguridad social, pero el 10% se volcará al Banco de Previsión Social y el restante 5% a la AFAP. Actualmente, los trabajadores que ganan más de cierta remuneración y optan por el ahorro individual aportan 7,5% al BPS y 7,5% a la AFAP.
En respuesta a la conquista política de Cabildo Abierto tras negociar de forma directa con el presidente, el Partido Colorado (PC) planteó esta semana dos nuevas modificaciones al proyecto, que se sumaron a las que ya había aceptado el Poder Ejecutivo en marzo.
En esos dos planteos, que ya fueron aprobados por el Gobierno, se establecen cambios en lo referido a la edad de jubilación para los nacidos entre 1973 y 1977.
En un caso, se agrega la posibilidad de retirarse antes de los 65 años, en particular a los 63, siempre y cuando el trabajador cumpla con una cantidad mínima de años trabajados y haya realizado aportes a la seguridad social por 38 años o más. Si el aporte se hizo durante 35, 36 o 37 años, se habilita la posibilidad de retirarse a los 64 años.
Otra de las modificaciones aceptadas por el Ejecutivo refiere a la gradualidad de la causal mínima jubilatoria, es decir, la edad de jubilación para los nacidos entre 1973 y 1975.
El proyecto establecía que los nacidos en 1972 podrían seguir jubilándose a los 60 años, mientras que para el caso de los nacidos en 1973 la edad de retiro en la reforma directamente pasaba a ser a los 63 años.
El cambio establecido en las negociaciones propone que, por cada año de nacimiento, la edad de jubilación se mueva un año progresivamente, sin pegar el salto de 60 a 63 años. Significaría que los que nacieron en 1973 podrían jubilarse a los 61 años, los de 1974 a los 62 años, y los de 1975 sí a los 63 años.
Por otro lado, la tercera propuesta de los colorados pretende que se establezca una reducción paulatina de la tasa mínima del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).
Modificaciones previas
En marzo de este año, el Ejecutivo también había acordado con los legisladores de la coalición varios cambios al proyecto con respecto al que había sido votado en el Senado.
Además de las correcciones en la redacción de al menos una decena de artículos, los temas en los que había habido acuerdo eran: cambios en los regímenes voluntarios y complementarios; ampliación de la pensión por viudez (se mantiene régimen actual); la reducción de los años requeridos de matrimonio (mínimo de dos años) y concubinato (mínimo de cinco años) para acceder a la causal pensionaria por viudez; la incorporación de artículos sobre situaciones de discapacidad; y la supresión de la posibilidad de retiro anticipado de dinero de la cuenta de ahorro individual, entre otros.
Para la ampliación de la pensión por la viudez, sin embargo, se establece que para las personas beneficiarias que tengan 40 o más años de edad a la fecha de fallecimiento del causante “se servirá durante toda la vida”, mientras que las que tengan entre 30 y 39 años, recibirán pensión por cinco años.
“Trátandose de personas beneficiarias menores de 30 años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión se servirá por el término de dos años”, apunta el artículo 59 del proyecto.
En los casos de pensiones por incapacidad severa, a pedido de la Asociación Down del Uruguay se fijó la edad de retira para esas personas en 45 años y con 15 años de trabajo. También se estableció un período ventana de tres años para la incorporación de la Caja Notarial al régimen mixto de capitalización individual y de reparto.
Con respecto al régimen actual, las principales innovaciones que presenta el proyecto de la reforma de la seguridad social radican en la creación de un sistema de convergencia de regímenes para igualar las reglas jubilatorias, la creación de un suplemento solidario para las jubilaciones más bajas, la posibilidad de trabajar después de jubilado y un aumento de la cantidad de años de servicios a computar por cuidados de hijos en situación de discapacidad severa. También se establece la creación de una agencia reguladora.
Oficialidad militar
A su vez, según denunció el diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos, en el artículo 328 se produjo un cambio que beneficia a oficiales militares, bajando la edad de retiro obligatorio de 63 a 51 años al bonificarse los años de servicio.
“A modo de ejemplo, un oficial que tuviera 14 años de servicio en el 2019, hoy tiene unos 38 años de edad (asumiendo que ingresó a los 20 años). Antes de este agregado, la edad de retiro obligatorio de este oficial era 63 años. Con este agregado, esta persona pasa a tener (en base a una escala transicional creada en la Ley 19.695), una edad de retiro obligatorio de 51 años”, señaló el diputado frenteamplista. En esta misma línea, también hubo cambios para la situación de los oficiales de la Policía.
Sobre este cambio en el artículo 311, el diputado del Partido Independiente Iván Posada explicó que dicho agregado fue a pedido del ministro de Defensa, Javier García, en referencia al retiro militar obligatorio que estableció la ley de 2018 que modificó el sistema de previsión social militar.
Se mantiene así la solución prevista en 2018, sin la cual no existirían ascensos en el Ejército en ningún grado durante ocho años debido a que se deberían hacerse por vacantes reales, según lo dispuesto por la Ley 19.775.
El proyecto final que ingresará al pleno de Diputados el lunes de la próxima semana todavía no se terminó de redactar. Una vez aprobado en la Cámara baja, deberá ser ratificado posteriormente por el Senado, lo que se prevé que ocurra el martes.
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