La Red Unión de la Costa advirtió sobre el impacto ambiental que puede provocar la actual reparación del Puente Leonel Viera, más conocido como Puente de La Barra de Maldonado.
El colectivo, integrado por 45 agrupaciones, entre comisiones vecinales, organizaciones y movimientos sociales, manifestó su preocupación por la forma en que se está llevando a cabo esta obra y se preguntó si “los diferentes escenarios posibles están siendo tenidos en cuenta”.
El Puente de La Barra fue clausurado por fallas estructurales y, luego del primer diagnóstico, el ingeniero Eduardo Carrera (encargado de los informes técnicos) afirmó que la estructura será “apuntalada” en un plazo de dos meses.
Por su parte, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo que se está en una “carrera contra el tiempo” y ante una “fatalidad”, pero destacó la rapidez con la que la empresa Saceem “ha encarado toda esta instancia”.
“Entendemos la necesidad y la urgencia de la reparación del puente o de frenar su grado de deterioro, pero nunca puede ir en detrimento de la pérdida de calidad ambiental o generando mayores impactos negativos en el entorno natural”, dicen en un comunicado los integrantes de la la Red Unión de la Costa.
Señalan que la intendencia de Maldonando anucia que terminará esta primera etapa de la obra en diciembre y que dicho plazo “parece tener especialmente en cuenta consideraciones vinculadas al comienzo de la próxima temporada y no un plazo impuesto por aspectos técnicos de seguridad que se desprendan de estudios y proyecciones de obra”.
El colectivo asegura que “existe riesgo de que los materiales utilizados que se están agregando al cauce sean dispersados por las corrientes y terminen en la playa o cambiando el propio cauce del arroyo”.
En este sentido se preguntan si hay un plan para determinar el retiro de esos materiales, y si se está teniendo en cuenta que la construcción del apuntalamiento, para la parte media baja del puente, “producirá un aumento rápido del nivel del arroyo en eventos puntuales” y “una aceleración de la corriente que podría ejercer fuerzas laterales sobre el puente”.
La Red Unión de la Costa recuerda que según la Ley General de Protección del Ambiente, antes de iniciar una obra de estas características se deberían realizar estudios de impacto ambiental que permitan considerar posibles sus efectivos negativos.
Asímismo, el colectivo también plantea otras interrogantes: “En el peor escenario, si el puente colapsa de forma no controlada, ¿hay alguien pensando cómo extraer todo el material volcado al cauce?; ¿se está teniendo en cuenta que por el puente Leonel Viera pasa el oleoducto que bombea de José Ignacio a Montevideo?; ¿están previendo la contención de un derrame de petróleo?; ¿existen estudios de carga para el puente que hoy está soportando todo el tránsito, no solo por peso sino por frecuencia?; ¿se ha consultado a los pobladores del lugar para tener datos de la experiencia de vida de estos pobladores que se puedan sumar a las proyecciones que puedan hacer ingenieros o arquitectos?; ¿se han olvidado de quienes habitan, pescan y caminan la zona y la observan todos los días?”.
“Consideramos importante y de forma urgente incluir el conocimiento local en las consideraciones y planes a futuro”, concluyen los integrantes de la Red.