Los gobiernos de la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda firmaron este viernes en Washington un acuerdo que aspira a poner fin a más de tres décadas de conflicto, agravado recientemente por el avance del grupo rebelde M23 en el este del Congo. El pacto fue mediado por Estados Unidos y Qatar, y representa un gesto político de alto nivel, aunque su eficacia sobre el terreno aún está por verse.
Cláusulas clave y reservas
El acuerdo establece el compromiso mutuo de cesar apoyos a grupos armados, un punto especialmente sensible: Kigali ha sido acusado reiteradamente de respaldar al M23, mientras que Kinshasa ha hecho lo propio respecto a milicias hutu hostiles al régimen ruandés. Ambos países accedieron también a cooperar en la explotación legal y transparente de recursos minerales, vitales para la economía digital y energética global.
Aun así, el ministro de Exteriores ruandés, Olivier Nduhungirehe, reconoció la fragilidad del pacto, recordando que "muchos otros acuerdos previos no han llegado a aplicarse". Su par congoleña, Thérèse Kayikwamba Wagner, remarcó que el éxito dependerá de la "voluntad política" para que los compromisos se traduzcan en protección efectiva a la población civil y retorno de desplazados.
El factor Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump, se adjudicó un rol central en la firma, posicionando el acuerdo como un logro diplomático personal. A la vez, lanzó una advertencia: "hay grandes castigos si lo violan", dijo en referencia a posibles sanciones económicas o diplomáticas.
Su administración proyecta además una cumbre presidencial entre Félix Tshisekedi (RDC) y Paul Kagame (Ruanda), en un intento por solidificar el proceso.
Implicancias globales y regionales
El acuerdo puede tener efectos sustanciales si contribuye a estabilizar la región de los Grandes Lagos, particularmente en lo que respecta a la seguridad de las cadenas de suministro de minerales estratégicos como el coltán, el cobalto o el estaño. Para América Latina, donde también se discute el control sobre recursos críticos, este pacto resalta la creciente geopolítica de los minerales en contextos de transición energética.
Sin embargo, sin mecanismos de verificación robustos, el acuerdo corre el riesgo de convertirse en otro intento fallido de pacificación. La presión externa podría ser eficaz, pero sólo si se traduce en compromisos sostenidos de desarme, justicia transicional y desarrollo en las comunidades más afectadas.
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