Proxenetas obligaban a mujeres a ofrecer servicios sexuales “aún con su período menstrual”

El Departamento de Investigaciones de Delitos Especiales junto a la fiscal de Delitos Sexuales de 6° Turno, Alicia Ghione, llevaron adelante la Operación Apolo en procura de desarticular el funcionamiento de un apartamento en el barrio Bella Vista, donde se incurría en trata de personas.

Una de las dos personas que habitaban la vivienda también estaba involucrada con una conocida página web que se utiliza para ofrecer trabajo sexual.

Si bien la actividad es legal en Uruguay, a los investigadores les llamó la atención que varias publicaciones compartían el mismo número de celular. Esto llevó a que sospecharan que las mujeres estaban siendo regentadas por la misma persona, de acuerdo con lo que informó Fiscalía.

Las autoridades pudieron corroborar la hipótesis y establecer que dos hombres sacaban provecho económico de la actividad sexual de las mujeres, además de estar al frente de un prostíbulo clandestino.

Los investigadores pudieron establecer el modus operandi de los delincuentes. A modo de ejemplo, uno de ellos mantuvo una relación de “noviazgo” con tres mujeres que trabajaban en el lugar. Sin embargo, se comprobó que esto era “una forma de control y fidelización” de la víctima para que se quedara trabajando allí.

“Eran implacables a la hora de mantener la prosperidad de su negocio, controlando la actividad de las mujeres mediante temporizadores, a fin de que estas no excedieran los tiempos de atención con los clientes, obligándolas a concurrir a trabajar aún con su período menstrual”, se lee en un reporte policial al que accedió Montevideo Portal.

Los dos hombres se mantenían al margen, dado que habían conseguido que una de las mujeres fuera la cara del negocio. Si bien durante el allanamiento se dio con cinco de las víctimas, los investigadores entienden que la cantidad puede ascender a más de 20.

En la vivienda se encontraron dos revólveres, municiones, un auto, más de $ 15.000, celulares, computadoras, lencería, tres temporizadores y dos cámaras fotográficas.

Finalmente, la Justicia dispuso prisión preventiva de 150 días para ambos. En tanto, se los imputó por reiterados delitos de trata de personas, tráfico interno de armas y receptación.