El gobierno de Estados Unidos y 13 países aliados respaldaron al presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira y expresaron su rechazo a las semanas de protestas y bloqueos que tiene paralizado al país andino.
El pronunciamiento llegó a través de un comunicado conjunto de los países integrantes del Escudo de las Américas, distribuido por el Departamento de Estado, en el que manifestaron su "profunda preocupación" ante las movilizaciones. La declaración fue suscrita por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
“Respaldamos al gobierno de Bolivia e instamos a los manifestantes a expresar sus demandas de manera pacífica y a respetar las instituciones democráticas”, señala el texto, que agrega que “cuando los manifestantes recurren a la violencia, el gobierno tiene un interés legítimo en la protección legal del orden público”. Bolivia es parte de esta alianza de seguridad y combate contra el crimen organizado creada hace dos meses por Trump.
El país andino lleva más de tres semanas paralizada por una crisis social y política que amenaza la continuidad del gobierno de Paz, quien asumió el cargo hace apenas seis meses tras ganar la segunda vuelta electoral de octubre de 2025 con el 54,96% de los votos, poniendo fin a dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS).
El detonante de la crisis fue la eliminación del subsidio a los combustibles en diciembre, que disparó el precio del diésel en un 170% sin estar acompañada de aumentos salariales. Las movilizaciones fueron convocadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores sindicales y campesinos con demandas económicas y sectoriales, entre ellas un incremento salarial del 20%, mejoras en el abastecimiento de combustible y la derogación de la Ley 1720. Con el correr de los días, el pliego de demandas fue escalando hasta incorporar un reclamo central: la renuncia del presidente.
A las protestas se sumó la denominada “Marcha por la Vida para salvar Bolivia”, impulsada por el expresidente Evo Morales, que aglutina a sectores campesinos, indígenas y obreros leales al exmandatario contrarios a las medidas económicas de Paz.
La marcha partió desde la localidad de Caracollo, en el departamento de Oruro, a 188 kilómetros al sur de La Paz, el 12 de mayo, y llegó a la capital el 19 de mayo. Morales alentó las protestas desde su feudo en el Trópico de Cochabamba, donde evade desde 2024 una orden de detención por el presunto abuso de una menor en 2016, y fijó tres condiciones para una salida: que Paz no modifique la Constitución sin referéndum, que no privatice servicios básicos ni recursos naturales y que cumpla sus compromisos electorales.