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El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) entregó al cónsul de Finlandia en Uruguay, Andrew Allen Cooper, una carta dirigida a la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, firmada por organizaciones sociales y personas para denunciar los graves problemas planteados por "la actividad de UPM en nuestro país" y sus "implicaciones entre ambos países".
En la misiva las organizaciones buscan denunciar ante la primer ministra los "graves problemas económicos, ambientales, sociales y políticos" ocasionados por la "conducta" de la empresa UPM, así como sus "implicaciones" en las relaciones entre ambas naciones.
En lo económico, según entienden desde la organización, se impusieron "condiciones ruinosas" para confirmar su inversión en la segunda planta de celulosa y también que nuestro país se tendrá que hacer cargo del 60% de la inversión del proyecto ya que tendrá que construir la vía férrea y obras de infraestructura sin obtener ganancia.
"La empresa opera en zona franca, exportando el 100% de su producción, totalmente libre de impuestos. Las exenciones tributarias y subsidios obtenidos por UPM configuran una situación económica privilegiada, sin precedentes en el país, que le permiten ejercer una competencia desigual con el resto de las actividades productivas", indica el texto.
Con respecto a lo ambiental, las plantaciones para abastecer planta de celulosa "tienen graves consecuencias". "Nuestro territorio es parte del Bioma Pampa o Pampa Húmeda, una zona privilegiada del planeta por la fertilidad de sus tierras. Los árboles crecen muy rápido aquí, pero UPM hace en Uruguay lo que tiene prohibido en Finlandia. El eucalipto y el pino son especies exóticas en esta región. Investigaciones científicas demuestran que las plantaciones de estos árboles alteran gravemente el ecosistema original, reducen drásticamente la biodiversidad, extraen los minerales y nutrientes de la tierra sin reponerlos y reducen gravemente la disponibilidad de agua", sostiene.
En este sentido, las organizaciones le especifican que a mediano y largo plazo estas plantaciones inician un proceso de desertificación que "pondrá en peligro el futuro del país". Además, estas plantaciones forestales desplazan a productores familiares de la zona que se ven afectados ante la falta de agua y el aumento de las plagas en sus tierras.
En la parte social, sostienen que la Fundación UPM organiza cursos para maestros, realiza donaciones a las escuelas y las poblaciones vecinas de sus plantaciones, pero esta modalidad "no hace aporta realmente a la comunidad", sino que es "propaganda para lograr el respaldo de la población". Al mismo tiempo, según aseguran, estas construcciones "generan prostitución infantil" y "otros problemas sociales.
"Las actividades de UPM en el sistema educativo y en las comunidades son acciones paternalistas al estilo de las colonias industriales, meras obras de caridad facilitadas por sus enormes ganancias gracias a los subsidios concedidos", agregan.
"UPM interviene asimismo en las políticas laborales, pretendiendo que los acuerdos a los que llega con sus trabajadores sean aplicados en el resto del país. En el plano político e institucional, los acuerdos impuestos por UPM y aceptados por el gobierno nacional ignoran disposiciones constitucionales y legales, así como eluden el debate con la población y el aval del Poder Legislativo. Gradualmente, UPM ha adquirido una presencia avasalladora propia de las relaciones coloniales. Hoy hay una movilización social sin precedentes en Uruguay", agrega el texto.
"El motivo de esta denuncia es advertir a los poderes del estado en Finlandia sobre la actuación de la empresa UPM en nuestro país y los conflictos que se están generando en nuestra sociedad, que de proseguir así se agravarán irremediablemente. Desde ya, agradecemos a Usted la atención a esta carta y quedamos a su disposición por cualquier aclaración que considere necesaria", concluye la misiva.
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