Proponen excluir a abusadores sexuales de financiación estatal para reproducción asistida

El diputado del Partido Colorado Sebastián Sanguinetti presentó un proyecto de ley para excluir de la financiación estatal de tratamientos de reproducción asistida a las personas condenadas por delitos sexuales graves e incorporadas al Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

Esta iniciativa implica, pues, negarles el acceso a fondos públicos, prestaciones estatales, al Fondo Nacional de Recursos o a instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. Se verían afectados, pues, quienes hayan sido condenados por delitos de abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal y corrupción de menores.

La exclusión será igualmente aplicable “cuando el cónyuge, concubino, pareja conviviente o la persona con la cual se pretenda acceder al procedimiento hubiera sido condenado mediante sentencia condenatoria firme por cualquiera de los delitos referidos”, indica el proyecto de ley.

Según la iniciativa, toda persona que solicite acceso a los procedimientos de reproducción asistida —así como su cónyuge, concubino, pareja conviviente o quien se pretenda realizar el tratamiento— deberá acreditar “la inexistencia de condenas comprendidas” en la norma.

La propuesta de Sanguinetti, según surge de la exposición de motivos, pretende “incorporar un criterio claro” de elegibilidad para el acceso a la financiación pública de este procedimiento.

“Este proyecto no limita ni prohíbe el derecho de ninguna persona a conformar una familia ni impide el acceso a tratamientos de reproducción humana asistida por vías privadas. Por el contrario, reconoce plenamente la dignidad humana, el derecho a la vida familiar y el valor de la reinserción social de quienes han cumplido una condena penal. Sin embargo, una cosa es el acceso privado a un tratamiento y otra muy distinta es la decisión estatal de financiarlo con recursos públicos necesariamente limitados”, argumenta el diputado colorado.

Así, el legislador entiende que “parece razonable y prudente” que el Estado uruguayo establezca “prioridades” al financiar procedimientos médicos.

“En tiempos donde los recursos en salud, muchas veces, son escasos y las necesidades múltiples, corresponde al sistema político tomar decisiones responsables sobre el destino de los fondos de todos los uruguayos. Priorizar no quiere decir discriminar; significa administrar con criterios objetivos y con especial sensibilidad hacia quienes más protección requieren”, concluye Sanguinetti en su escrito.