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El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) presentó este jueves una acción de amparo ante la Justicia, donde denunciaron el "incumplimiento de la empresa UPM de las condiciones ambientales bajo las cuales fue autorizada la instalación de su nueva planta de celulosa en el departamento de Durazno y que requiere la suspensión de las obras en curso, mientras esos requisitos no se cumplan".
Según indican desde Movus, las justificaciones de esta acción de amparo se encuentran dentro de la documentación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), donde se constata que la empresa UPM "sobrepasó" el plazo máximo de los seis meses para cumplir con las condiciones bajo las cuales fue otorgada la Autorización Ambiental Previa a la planta de celulosa y la zona franca proyectada.
"Apremiado por cumplir los plazos acordados en el contrato, cuando UPM no había confirmado aún su decisión de inversión, el gobierno anterior autorizó la planta de celulosa a condición de que la empresa completara después elementos clave del proyecto. Sin embargo, UPM inició la construcción de la planta sin cumplir esos requisitos, algunos de los cuales definen la viabilidad o no del proyecto", agrega el texto.
Sostienen también que el hecho de haber comenzado la construcción de la planta sin el Plan de Monitoreo Ambiental, es decir, el estudio previo de las características de la zona para ver cuál es la situación anterior al proyecto en su área de influencia, no permitirá conocer después los impactos reales.
"Otro requisito es garantizar la dilución de 107 millones de litros de efluentes, que la planta de celulosa volcará en el río todos los días. La autorización ambiental estableció que la zona de mezcla no puede tener más de 1.000 metros de largo, y que no debe llegar a las márgenes del Río Negro. Esta definición, que también tenía como plazo máximo el 14 de noviembre de 2019, no ha sido completada y por tanto aceptada hasta hoy", añade el comunicado.
Dados todos estos argumentos, Movus entiende que las obras de la empresa no pueden continuar ya que no se han cumplido con las "condiciones fundamentales". Agregan que la acción que tomaron ante el Poder Judicial no tiene precedentes, pero que tampoco tiene precedentes que "una empresa, a cargo de un proyecto de esta envergadura, no cumpla con sus condiciones".
"Somos conscientes de que una decisión como la solicitada ante la Justicia afectará la actividad de los trabajadores y de las empresas involucradas en este proyecto, pero no nos cabe duda tampoco de que por encima de esas circunstancias están los intereses del Uruguay todo y la salvaguarda de las condiciones que aseguren el futuro para nuestros hijos y nietos, en un país solidario y soberano, con un medio ambiente sano, concluye el texto.
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