La polémica no es nueva en el país lusitano, pero ahora vuelve a estar en el centro del debate público debido a un proyecto de ley planteado por el Partido Social Demócrata (PSD).

Según informa el periódico lisboeta Diário de Noticias, la iniciativa pretende que los políticos declaren pública y obligatoriamente todas sus afiliaciones, incluidas las discretas, como la masonería o el Opus Dei. A dicha propuesta se sumó el apoyo del partido Personas - Animales -Naturaleza (PAN) fuerza que en un principio había apuntado hacia el pronunciamiento optativo.

La fecha para debatir el proyecto todavía no se fijó, y todo apunta a que fracasaría, la propuesta generó ruido mediático.

Susana Coroado, presidenta de Transparencia e Integridad -organización que entre otras cosas lucha contra la corrupción y el tráfico de intereses en el Estado- es enfática cuando dice que una "declaración voluntaria de afiliaciones por parte de políticos o funcionarios públicos, como no tendría gran efecto ". Pero, dice, si se vuelve obligatorio, como quiere el PSD, "puede tener un impacto en la transparencia".

Coroado, que también es investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de su país, advierte, sin embargo, incluso sabiendo que un político pertenece a la masonería, eso no permite "cómo saber si tomaría una determinada posición para defender un interés específico".

La profesional establece un paralelo entre el Opus Dei y la masonería al decir que en el primer caso, como organización vinculada a la Iglesia Católica, aún se podría ver si existe una defensa de una posición favorable a la Iglesia. Sin embargo, "en el caso de la masonería los intereses son mucho más difusos", ya que se trata de una organización de carácter "discreto" o "secreto".

Las mismas dudas las plantea la politóloga Sofía Serra Silva, quien cuestiona la viabilidad de las propuestas del PAN y el PSD. "En el caso de asociaciones discretas, ¿cómo se verificará esta pertenencia si un diputado, por ejemplo, la declara?" se pregunta en primer lugar y luego se interroga "¿Cómo se controlarán los intereses sospechosos"?

"Una cosa es cierta, los partidos tienen muy poca motivación para controlar sus propias acciones y autorregularse. En este sentido, cuando los políticos adoptan este tipo de decisiones es porque también buscan efectos más difusos, los de ganar ventaja, confianza de los ciudadanos u obtener ganancias reputacionales inmediatas", agrega Coroado.

El politólogo portugués José Adelino Maltez, quien en 2017 se postuló para Gran Maestre del Gran Oriente Lusitano, sostiene que se trata de una "cuestión de conciencia" que está amparada por la Constitución del país y que no es probable que prospere la imposición planteada por el PSD, y recuerda que ningún país europeo posee una norma semejante.

En declaraciones al citado medio, Maltez recuerda que hubo una región italiana que intentó imponer esta obligación, pero un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos derribó esa pretensión.

También considera estéril esta imposición y recuerda que en el siglo XIX se atacó la pertenencia a la masonería, ya que el Código Penal portugués tipificaba como delito la pertenencia a asociaciones secretas. Sin embargo, en aquel tiempo y a pesar de esa ilegalidad "la mayoría de los miembros del gobierno eran masones".

Según Maltez, la masonería es una entidad metafísica, equivalente a la Iglesia, en la que la iniciación es "secreta" según el concepto masónico, que apunta a una "experiencia espiritual".

El politólogo recuerda la historia de persecución de los masones para defender a quienes incluso hoy en día ocultan esta pertenencia. En ese sentido, subraya que uno de los principios masónicos es que una persona puede asumir públicamente que lo es si así lo desea, pero nunca puede revelar que otro lo es. "Los masones quedamos marcados con un sello poco favorable después de siglos de persecución", argumenta.

En la presentación de la propuesta del PSD, a mediados de este mes, el diputado socialdemócrata André Coelho Lima argumentó que "no tiene sentido que la declaración sea opcional (como sugiere el PAN) y no se extienda a todas las asociaciones. Todas las asociaciones merecen nuestro respeto", subrayó el diputado, recordando que "si hubo momentos en los que el secreto fue necesario", hoy esta situación ya no se presenta.

El Partido Socialista, mayoritario en el Parlamento y al que pertenece el mandatario António Costa, criticó la propuesta presentada por el PSD y consideró que sería dificultoso que los políticos enumeren todas las asociaciones de las que forman parte. asimismo, insinuó que la intención del PSD es "querer saber quiénes son los diputados que son de la masonería".

"Esto permitiría mapear la vida de un diputado", criticó la diputada socialista Isabel Moreira, subrayando que este escrutinio "no tendría ningún sentido" y citando, como ejemplo, el hecho de que un diputado sea obligado a "declarar si es hincha del Famalicão, (equipo de fútbol), si es masón, del Opus Dei o esta afiliado sociedad folklórica de su pueblo".

"Hay límites a la injerencia del legislador y uno es el principio de proporcionalidad", subrayó Moreira al considerar y advirtió que la declaración de pertenencia a una organización como el Opus Dei puede "perjudicar la libertad de culto".

Por su parte, el líder parlamentario del Partido Comunista de Portugal (PCP), João Oliveira, argumentó que la obligación de declarar la pertenencia a una organización religiosa -Opus Dei o cualquier otra, cristiana o no- "puede implicar un problema de libertad religiosa". Y ese es solo uno de los problemas del proyecto PSD, pero no es el único.

Incluso si un político solo está obligado a declarar, por ejemplo, su afiliación a un sindicato, "puede violar la libertad sindical". Y tanto es así -explica Oliveira- que ni ante su empleador hay un trabajador obligado a declarar si es o no sindicalista y de qué estructura sindical forma parte.