Por orden judicial, cuatro exmilitares prófugos en el exterior no cobrarán su jubilación

El Ministerio de Defensa decidió suspender el cobro de jubilaciones a cuatro militares retirados que se encuentran viviendo en el exterior prófugos de la Justicia en causas que investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar. 

Según informó Info Capital (TV Ciudad) y confirmó Montevideo Portal con Fiscalía, la decisión responde a órdenes de los juzgados de 23° y 27° turno, que avalaron el pedido del fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien presentó un escrito en cada uno de los casos solicitando a la Dirección de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas la aplicación del artículo 127 de la Ley n° 16.170.

Esa norma establece que los beneficiarios de una pasividad militar residentes en el exterior deben acreditar semestralmente su existencia mediante revista consular u otra modalidad fehaciente. Si transcurre un año sin que se presente esa constancia, la pasividad se da de baja hasta que el beneficiario solicite su reincorporación al presupuesto. 

Cabe señalar que el marco fue modificado en diciembre de 2020, durante el gobierno anterior, y desde entonces solo se exige la constancia de vida a quienes residen fuera del país —antes se requería a todos los jubilados militares.

El debate sobre las jubilaciones de militares prófugos volvió a tomar fuerza a comienzos de mayo, cuando Familiares se reunió con el presidente Yamandú Orsi y denunció que el exmilitar retirado Roberto Freddy Amorín —requerido e investigado por torturas en el Comando General de la Fuerza Aérea entre 1972 y 1977 y la desaparición del militante comunista José Arpino Vega en 1974— había tramitado una “fe de vida” en el consulado uruguayo en Miami con el fin de continuar percibiendo su jubilación, sin que los funcionarios notificaran a Interpol, pese a tener instrucciones de hacerlo desde la Cancillería.

Según los datos disponibles, hay 16 militares requeridos por la Justicia uruguaya. De ellos, 12 están prófugos, mientras que tres cuentan con el aval jurídico de los países donde residen, que rechazaron las solicitudes de extradición. El caso restante, el de Daniel Maiorano —exintegrante de la Dirección de Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval—, se encuentra en trámite.