Policía fue acusado de abuso por detener a joven que hacía willy; la Justicia lo absolvió

La Justicia liberó de culpa, tras un juicio que finalizó este miércoles, al efectivo de la Guardia Republicana Javier Moreira Denis, quien había sido imputado por la presunta comisión de abuso de funciones en casos no previstos por la ley y falsificación ideológica por funcionario público, ambos ilícitos en reiteración real.

La imputación fue llevada adelante por la Fiscalía de Libertad de 2° turno, a cargo de Dahiana Padilla. La defensa del efectivo, encabezada por el abogado Ignacio Durán, decidió continuar con el proceso e ir a un juicio oral y público, que culminó este miércoles.

La causa no se limitó a un único episodio, sino que abarcó varios eventos ocurridos en diferentes momentos, todos vinculados al desempeño de Moreira en su calidad de funcionario de la Guardia Republicana.

Pese a ello, el suceso central ocurrió el 1° de mayo de 2023 en una estación de servicio de la ciudad de Libertad (San José), donde se desarrollaba una discusión entre particulares por ruidos molestos vinculados a motos.

En la escena se encontraban —según los videos aportados— vecinos, motociclistas y el funcionario en cuestión, quien había arribado para intervenir en su calidad de autoridad. De acuerdo con los testigos, el ambiente era “tenso” y propenso al conflicto.

En determinado momento, se acercó a alta velocidad un joven en moto que no se dirigió a ninguno de los surtidores libres, sino que avanzó hacia el grupo que discutía e hizo un giro abrupto del vehículo en dirección al foco del conflicto.

En cuestión de segundos, el efectivo desenfundó su arma reglamentaria —aunque la mantuvo en posición de retención, contra el pecho y apuntando hacia el suelo—, se aproximó a la moto, ordenó la detención del conductor y sujetó el manillar para impedir su fuga.

La Fiscalía entendió que la detención del joven conductor fue ilegítima y desproporcionada, mientras que Durán sostuvo que se trató de un procedimiento preventivo normal, ajustado al derecho que ampara a los policías.

Otro de los puntos abordados por la sentencia, a la que accedió Montevideo Portal, se centró en la redacción del parte policial, ya que el Ministerio Público argumentó que Moreira había descrito un escenario más grave de lo que realmente fue.

Se lo acusó de haber “fabricado” una noticia criminal para justificar su proceder, versión que fue comunicada a las autoridades del sistema de Justicia, que continuaron con el caso una vez incautada la moto y detenido su conductor.

Sobre la actuación del efectivo en el momento en que apareció la moto, el juez Diego Dalmonte sostuvo que los elementos para juzgar al funcionario debían centrarse en lo ocurrido en ese instante y no en indicios posteriores.

Dalmonte argumentó que el efectivo debió decidir en cuestión de segundos su accionar, sin contar con todos los elementos disponibles. Posteriormente se supo que el detenido circulaba a alta velocidad y realizando un “willy”, por lo que Moreira lo detuvo al constatar una falta administrativa. Cabe resaltar que la ley ampara este procedimiento, ya que la Guardia Republicana también posee facultades inspectivas de tránsito.

Con base en estos elementos, para Dalmonte no existió abuso de funciones, dado que el proceder del efectivo puede considerarse una acción preventiva dentro del deber funcional.

Cabe resaltar que el hecho se dio en un marco de hostilidad, en el que dos personas discutían con un trabajador de la estación de servicio, además de que el detenido —según se supo después— era amigo de los jóvenes que generaban los disturbios.

En un video posterior a la detención, grabado por un presente con su celular y al que la Fiscalía se había opuesto como prueba, se observa cómo Moreira le explica al detenido que lo había interceptado porque “venía levantando la rueda en un vehículo motorizado”.

De hecho, el efectivo le aclaró que lo que estaba realizando era “una infracción de tránsito” y no un delito. El joven respondió: “Sí, ya sé, pero no necesitan bajarme así de la moto”. Moreira, por su parte, replicó: “Bueno, si usted tiene algún golpe en el cuerpo, ahora en el médico lo van a constatar. Si usted tiene algún golpe, como usted dice, hay cámaras en todas las partes de la estación de servicio”.

Durán, en diálogo con Montevideo Portal, consideró que durante todo el caso existió “un ensañamiento injustificado” de la Fiscalía hacia su cliente. “Estaba en juego mucho más que el caso particular de mi cliente, porque la Policía es el principal auxiliar de la Fiscalía”, añadió.

Moreira decidió, desde el primer momento, ir a juicio y no alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que en varias ocasiones ofreció una salida alternativa para evitar llegar a la etapa judicial, dado que cualquier delito en su contra implicaba perder su habilitación laboral. Durante ese tiempo, trabajó como taxista para mantener a su familia.

Durán destacó que Moreira no fue enviado a prisión preventiva, algo clave para poder tomar una decisión con total libertad. En sus alegatos finales, el penalista sostuvo ante el juez que el caso nunca debió haber llegado a juicio.

“¿Cuál es el mensaje que como sociedad le estamos enviando a quienes salen todos los días a enfrentar riesgos para protegernos, a dar su vida por nosotros, incluso por esta Fiscalía que hoy pretende injustamente que se lo condene?”, se preguntó.

Durán insistió en que el mensaje del sistema no puede ser desalentar a la fuerza policial para intervenir en situaciones de riesgo. “No puede ser el precio que se paga por cumplir con el deber”, afirmó.

Consideró, además, que su cliente es “un policía ejemplar que actuó con moderación, conforme al protocolo”. “Actuó sin lesionar, sin excederse, sin abusar. Actuó protegiendo, cuidando y previniendo”, concluyó.