Los abogados de Lula presentaron este martes una solicitud ante un juzgado de Curitiba, en el sur de Brasil, para que el expresidente pudiera viajar a la localidad de Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, para dar el último adiós a su hermano mayor, Genival Inácio da Silva, conocido como Vavá y quien padecía de un tipo raro de cáncer.
La magistrada encargada del caso, Carolina Lebbos, afirmó sin embargo que, según la legislación brasileña, "el permiso de salida será concedido por el director del establecimiento donde se encuentra el preso".
En este caso, se trata del superintendente regional de la Policía Federal en el estado de Paraná, Luciano Flores de Lima, quien afirmó que no sería posible "autorizar o hacer viable" la comparecencia de Lula al velorio de su hermano por cuestiones de logística.
En el parecer, que tiene carácter administrativo y fue encaminado a la magistrada, el superintendente destacó la "falta de transporte aéreo en tiempo hábil para la llegada del expresidente Lula antes del final de los ritos post mortem de su hermano".
Según el director, los helicópteros "que en el momento no están en reparación están siendo utilizados para apoyo a los rescates de las víctimas" de la tragedia minera en Brumadinho (sureste de Brasil).
Asimismo, Flores de Lima apuntó la "ausencia de policías disponibles" para "garantizar el orden público y la incolumidad tanto del expresidente como de los policías y personas a su alrededor" y las "perturbaciones a la tranquilidad de la ceremonia fúnebre" como factores adicionales a la imposibilidad de un desplazamiento de Lula a Sao Bernardo do Campo.
El director también hizo menciones a la "gran posibilidad" de que se produzcan manifestaciones de partidarios del expresidente (2003-2010), quien, a su juicio, continúa ejerciendo un "fuerte liderazgo" dentro del Partido de los Trabajadores (PT) y "entre simpatizantes".
"Es importante que Lula sea mantenido a larga distancia de aglomeraciones, ya que este hecho puede desencadenar crisis imprevisibles", señaló Flores de Lima.
Pese a la manifestación administrativa contraria por parte de la Policía Federal, la jueza responsable de la ejecución penal de la acción, Carolina Lebbos, aún puede manifestarse sobre la petición.
Sin embargo, la posibilidad de que Lebbos contraríe la decisión del director es bastante pequeñas, según evalúan los juristas.
En una nota publicada minutos después de la resolución, el Partido de los Trabajadores (PT) criticó el fallo y calificó la decisión como "absurda".
"Usurpar el derecho de un ciudadano de velar y enterrar a un ente querido puede ser considerada una de las actitudes más crueles", expresó la formación.
Recordó que "ni siquiera durante la dictadura militar" (1964-1985), cuando "fue preso político", Lula "fue impedido de dicho derecho y veló a su madre, Doña Lindu".
Con información de EFE
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