La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores debatió en su última reunión sobre la denuncia ingresada contra el senador Andrés Ojeda, luego de que la fiscal Sylvia Lovesio advirtiera una posible infracción al artículo 124 de la Constitución al firmar una solicitud de reexamen de un caso.

La sesión de este martes de la comisión derivó en una discusión jurídica y política sobre las competencias de la comisión y el procedimiento a seguir, así como reparos de la oposición a la legitimidad del denunciante.

Por su parte, desde el Frente Amplio los senadores Sebastián Sabini y Liliam Kechichian afirmaron que su fuerza política aún no adoptó una posición.

“En lo personal no tengo una posición tomada, pero me gustaría solicitar, si están de acuerdo, un informe a los servicios jurídicos del Senado y preguntarles cuál es la interpretación que hacen y cuál sería el procedimiento a seguir”, afirmó Sabini al iniciar la discusión. Luego enfatizó que para la bancada frenteamplista “no sería prudente adelantar ninguna posición o interpretación” porque se trata de un asunto “delicado” que involucra a un legislador electo.

Kechichian, en tanto, expresó que deben tomarse tiempo para discutirlo. “El Frente Amplio no tiene una postura todavía discutida, de verdad que nos ha faltado el tiempo necesario, porque es un tema serio, es importante, e involucra a un miembro de este Cuerpo, elegido por el voto popular. No es cualquier tema, requiere una profundidad en su análisis. Mucho más cuando se está hablando de un artículo de la constitución vago en ese sentido”, señaló.

En la reunión de la comisión, el debate se centró en cómo y sobre qué puntos solicitar asesoramiento jurídico.

Pedro Bordaberry sostuvo que la comisión debe empezar por determinar la legitimación del denunciante, el convencional colorado Juan Ibarra. “Si se va hacer eso tienen que preguntar también quién es el legitimado activamente para hacer una denuncia, no solo sobre el procedimiento. Hay que preguntar quién goza de la legitimación activa. Ya adelanto mi opinión jurídica. Creo que quien hizo la denuncia no tiene legitimación activa como para hacer una denuncia aquí”, dijo el senador colorado.

“Entiendo que el procedimiento no es ante la comisión porque está pidiendo que la Comisión de Constitución y Legislación juzgue una situación de este tipo, por lo tanto, desconoce una cuestión básica como que nosotros somos comisiones asesoras del Cuerpo y no decisoras. En la denuncia se pide que la comisión juzgue y decida. Es claro que no es nuestra función. Además, un ciudadano no tiene legitimación activa para promover este tipo de procedimientos”, agregó.

Graciela Bianchi coincidió y reclamó que, si se pedía un informe, fuera a la división jurídica de la Comisión Administrativa. “La que depende del Senado nos puede asesorar, pero es un asesoramiento directo a la presidencia del Senado. Lo que abunda no daña, pero siempre pido que se hagan las cosas institucionalmente y por eso me refiero a la que depende de la Comisión Administrativa”, apuntó.

Sabini, asimismo, propuso pedir un informe que abarque la discusión pública ya instalada. “Queremos que se exprese la jurídica sobre el asunto que plantea esta persona”, afirmó, y agregó que debía incluir “cuál es el procedimiento a seguir” en caso de que hubiera una eventual inconstitucionalidad.

Kechichian, por su parte, subrayó que se trata de un caso sin definiciones claras. “Me gustaría preguntar quiénes creen ustedes que debe decidir esto porque nadie lo dice, no está escrito, no lo dice el artículo 124 ni aparece la forma, dice qué sucedería, si sucede lo que se plantea en el 124, pero no dice quién lo resuelve. Nosotros vamos a tomarnos el tiempo suficiente por eso por suerte, hoy se votó que las comisiones pudieran ser convocadas en el receso porque también es cierto que puede surgir alguna cuestión que no pueda esperar hasta marzo, hasta que se levante el receso”, señaló.

Después, Sabini recordó que el tema ya generó interpretaciones entre constitucionalistas, por lo que remarcó como necesario incluir en la consulta si “se incurrió o no en una inconstitucionalidad”.

“Creo que lo correcto ahora sería avanzar en esta solicitud y si bien me parece correcto lo que plantea el senador Bordaberry, parte de la cuestión aquí es saber si se cometió o no una inconstitucionalidad a criterio del servicio jurídico y cuál sería el procedimiento a seguir en ambos casos. A mi entender, esto es lo que nosotros deberíamos solicitar, para aclarar y que quede establecido qué le estamos pidiendo al servicio jurídico. Obviamente, que se puede prestar a varias interpretaciones, por eso debemos ser claros con lo que pedimos a los servicios del Parlamento”, apuntó.

Al final del intercambio, el Frente Amplio anunció que votaría la propuesta de Bordaberry —centrada en la legitimación activa, si la competencia le corresponde a la comisión y en ese caso cuál sería el procedimiento— pero también impulsaría que se agregara el pedido de Sabini sobre la eventual constitucionalidad del caso.

Las propuestas se votaron por separado: la moción planteada por Sabini fue aprobada por 5 en 9 votos, y la de Bordaberry por 8 en 9. De este modo, la comisión resolvió enviar las solicitudes a las divisiones jurídicas del Senado y de la Comisión Administrativa.