El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, envió una carta al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en la que expresa su "beneplácito al saber que las autoridades sanitarias incluyeron en las prioridades de vacunación contra la COVID-19 las personas privadas de libertad y los funcionarios, operadores, policías y administrativos, que conviven con ellos".
Petit expresó en su misiva, que compartió en el sitio web del comisionado parlamentario, que esta "es una medida muy adecuada y a tono con las recomendaciones internacionales, tanto sanitarias como de derechos humanos".
El comisionado recordó que los centros penitenciarios son una "institución total" donde "las personas comparten convivencia y cercanía por muchas horas y con una población flotante que ingresa y sale de ese contexto (funcionarios, visitas, liberados, salidas transitorias, ingresos nuevos, etc)".
"Constituyen un grupo vulnerable y a la vez vector de contagio de alta significación", aseguró Petit.
La nota, enviada al Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Rehabilitación y la Comisión Bicameral de Seguimiento carcelario del Parlamento, también destacó la proactividad y las buenas prácticas, (protocolos, medidas urgentes y difusión de información a internos y funcionarios) realizadas desde el inicio de la pandemia por ASSE, desde su Servicio de Atención Integral para las Personas Privadas de libertad (SAI-PPL) y complementadas desde sanidad policial.
El comisionado subrayó en la nota que históricamente Uruguay "se ha destacado por ser referencia en derechos humanos. En este caso, la incorporación prioritaria de la población privada de libertad y de los funcionarios a su cargo, remite a las Normas Mínimas de Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas, ‘Reglas Manela', las que establecen que los reclusos ‘gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior'".
"Justifica su inclusión prioritaria en la vacunación la alta vulnerabilidad que representan, lo que también afecta a la comunidad, por su singular condición de población internada y a la vez con alta circulación de personas", añade la carta que envió Petit.
"Hemos visto esta alta incidencia de la población institucionalizada penitenciaria en otros males, como la tuberculosis, donde es notoria la mayor incidencia que existe en ella que en la población general, y su funcionamiento como vector de contagio al conectar poblaciones vulnerables también afuera del colectivo de internados que por razones laborales o familiares ingresan al grupo periódica o diariamente", concluyó.
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