La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay llevó adelante el pasado lunes, en el café La Imprenta de Ciudad Vieja, una charla sobre el proyecto de Ministerio de Justicia, una iniciativa impulsada por el gobierno y, precisamente, por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.
Los expositores fueron variados: Juan Fagúndez, Eduardo Lust, Gonzalo Fernández y Leonardo Guzmán. Además, quien ofició de moderador fue José Luis González. Durante la instancia, hubo acuerdo en que la idea de que todo el sistema de Justicia ingrese en “una caja” —que sería un ministerio— no es funcional a los intereses de los operadores.
Lust apuntó que el Poder Judicial funciona bien y que, si bien no todo el mundo logra procesos justos, es una realidad que las personas pueden denunciar o defenderse en los caminos ya pautados por la ley.
El exdiputado y abogado indicó que Díaz, quien se presume como eventual ministro de Justicia en caso de que la secretaría de Estado sea aprobada por el Parlamento, es “muy preciso con las palabras”.
“Él dice que no descarta ser ministro, no dice que no va a ser ministro. El doctor Díaz es uno de los activos más grandes que tiene el gobierno justamente porque dice lo que quiere y lo que no, no se le escapa casi nunca”, indicó Lust.
Gonzalo Fernández, profesor de Derecho y exsecretario de Presidencia, consideró que en sus más de 40 años de profesión nunca vio “un sistema penal más destartalado” que el uruguayo. “Y eso no se va a arreglar con un Ministerio de Justicia”, sostuvo.
Asimismo, consideró que desde hace muchos años los gobiernos han pasado con la idea de achicar el Estado. Sin embargo, la propuesta de este Ejecutivo hará justamente lo contrario: “Los sueldos para el ministro, el subsecretario, el secretario general y todos los directores de área. Los gastos operativos y sumale algún alquiler o compra de edificio”.
“No me opongo ni siquiera por una razón histórica ni por autoría. Creo que hay cosas más urgentes para abordar. Ni siquiera lo hacen por ambición de poder”, sostuvo.
En sintonía con su colega, Guzmán apuntó que un ejemplo de los problemas actuales es que la Fiscalía muchas veces resuelve conflictos en detrimento de la verdad. Mencionó las formalizaciones de las investigaciones, que tienen un estándar probatorio muy bajo y que —en pocas palabras— significan el comienzo de la condena para el denunciado.
“Todos sabemos que es mentira que es solo la comunicación de que se está investigando. Sobran los ejemplos de lo contrario”, dijo.
Fagúndez, por su parte, sostuvo que el Ministerio de Justicia “es una cáscara sin contenido”. “Se aleja de la búsqueda del bienestar social, que es lo que nosotros debemos buscar, que la Justicia debe buscar, según el mandato constitucional”, añadió.
A la “cáscara” mencionada se agrega, a su entender, la del poder. “Se agrega el poder de quienes encabezarán ese ministerio. Es mentira que no van a tener poder, que no van a buscar injerir en la Justicia. Se los repito: el poder de las personas en el Ministerio de Justicia”, expresó, en referencia al viaje de Díaz por Europa en busca de ejemplos para aplicar en Uruguay.
De puño y letra
El penalista Jorge Barrera, quien no pudo asistir a la instancia, elaboró un documento en el que expone una serie de razones por las que no resultaría conveniente crear un Ministerio de Justicia.
El texto remarca que Uruguay ha construido su sistema institucional sin esa herramienta y advierte sobre los riesgos de modificar ese esquema. “Uruguay vivió como República democrática sin ese ministerio durante cerca de 184 años” y, en ese período, alcanzó “los mejores indicadores de independencia judicial y Estado de derecho de América Latina”.
Entre los principales cuestionamientos, el documento señala que la iniciativa podría generar superposición de funciones y conflictos de interés entre organismos. En particular, plantea dudas sobre la convivencia, bajo una misma estructura, de áreas que deben actuar con independencia, como la defensa pública y los organismos que representan al Estado.
Además, advierte sobre el impacto institucional de la reforma y utiliza una metáfora para graficarlo: “sabemos cómo empieza, pero no cómo termina”, en referencia a los posibles efectos de crear un nuevo canal entre el Poder Ejecutivo y el sistema de Justicia.
Finalmente, concluye que el principal activo en juego es la calidad institucional del país: “la posición de Uruguay en los índices internacionales de Estado de derecho se construye despacio y se daña rápido”, por lo que recomienda optar por soluciones alternativas menos riesgosas antes que crear una nueva estructura ministerial.