Peña sobre financiamiento de proyecto Neptuno: “Las cinco opciones son constitucionales”

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, se refirió este lunes a la decisión que tomó la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) de presentar un recurso de inconstitucionalidad por el proyecto Neptuno, que planea construir una nueva planta potabilizadora de agua en el departamento de San José.

A entender del sindicato, una de las propuestas de financiamiento y operativa del proyecto ——que tiene cinco— “privatiza” la venta de agua y que eso estaría contra la Ley de Empresas del Estado. No obstante, según dijo el colorado entrevistado en radio El Espectador, el proyecto ya tiene autorización “desde el punto de vista técnico” y lo calificó como un “proyecto muy virtuoso”.

“Nos da seguridad porque dejamos de depender de una sola planta. La financiación y la operación son cosas que no está definidas. No hay que adelantarse, estamos trabajando en eso. Después hay que ver los costos. Alguna opción puede ser mejor que otra, pero algunas generan deuda pública, se está tratando de reducir”, señaló, y agregó que “las cinco opciones son constitucionales”.

En otros temas, fue consultado sobre el proyecto que descartó la Intendencia de Montevideo sobre crear una isla privada en la zona del barrio Punta Gorda. El secretario de Estado reiteró que la cartera aún no tiene información al respecto y aclaró que “no es tan raro” que no obtengan el proyecto porque, al tratarse de una iniciativa privada, tiene una etapa de prefactibilidad y luego una de factibilidad.

“Si el proyecto avanza, en la avanzada en algún momento va a llegar a Ambiente y allí se analizará. Es un proyecto complejo, tiene que ver con la dinámica frontera, hay que analizarlo con mucho cuidado. El mar nos va a ganar seguro. Si el día de mañana el proyecto llega lo va a analizar como corresponde”, indicó.

Peña se refirió también a la eventual exploración y explotación de petróleo en el mar territorial uruguayo. Para el ministro debe haber una “convivencia” entre la eventual explotación y una futura protección de los océanos uruguayos, que es una de las intenciones de la actual administración y que será anunciada en la próxima Cumbre de Océanos de Naciones Unidas a desarrollarse en Portugal en junio.

“Ningún actividad de exploración ni explotación se realiza sin que el Ministerio de Ambiente haga la autorización. La información que hoy tenemos sobre la riqueza del mar territorial uruguayo se agrandó porque el Ministerio de Ambiente exige una obligación de brindar información ambiental y de llevar técnicos, entonces hay muchísima cosa que hay en el mar territorial por la exploración del petróleo”, señaló.

Finalmente, sobre los bonos que están atados a objetivos del país en materia medioambiental y de cambio climático, el líder de Ciudadanos (Partido Colorado) indicó que el asunto está siendo liderado por la Unidad de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es quien emite el bono, y aclaró que no son bonos verdes porque estos están “atados” al cumplimiento ambiental.

“El bono verde va directo a inversiones en sostenibilidad y sobre todo en sostenibilidad ambiental, va a proyectos verdes. En este caso no, es un bono común, lo que sí el cumplimiento va atado a una meta ambiental o climática. Estamos negociando a nivel de economía con los bancos y quienes ofrecen este bono. Estamos en esa definición, pero es importante porque refuerza el compromiso de Uruguay con la temática, es algo que no se da habitualmente y si cumplimos tenemos una ventaja desde el punto de vista de los ahorros”, indicó en declaraciones al medio anteriormente mencionado.

“Uruguay ya tiene compromisos asumidos en materia climática. El país tiene su primera meta que es al 2025, se elaboró en 2017. Debemos reducir las emisiones de Co2 en 24%, en metano 57%, en óxido nitroso 48% y debe mantener las hectáreas de monte nativo. Uruguay viene trabajando en eso, tiene un nivel de avance importante cumplimiento y en algunos de estos indicadores puede estar atado el bono. Si emitimos hoy, en el 25 se evalúa y para adelante el resto de los años tenemos una mejora en la tasa”, explicó.

Por último, Peña afirmó que el gran desafío de la cartera que dirige es la calidad del agua —que actualmente es “media-buena”, según los estándares internacionales— y reconoció que “viene mejorando”, aunque agregó que “hay que seguir trabajando”.

“El gran tema sigue siendo la contaminación difusa, producto básicamente de la base de nuestra economía que es la producción agropecuaria. Allí hay que trabajar en mejoras sobre todo lo que tiene que ver con fertilización, hay mucho para trabajar con el Ministerio de Ganadería y agricultores, y en la cuenca tenemos el desafío de incorporar más tambos con tratamiento de sus afluentes porque es el principal tema. La materia orgánica que llega al Santa Lucía cambia el componente del curso y con eso se alimenta para la generación de cianobacterias.

“Allí hay 400 tambos de 1.100 que tienen tratamiento y ahora lo harán unos 200, pero no es suficiente. 1.100 solo en la cuenca del Santa Lucía, que es prioritaria, pero tenemos que trabajar con el resto (hay cuatro mil tambos). Herramienta desde el lado de los incentivos, estamos para firmar un convenio específico: el tambero puede ir al INALE (Instituto Nacional de Leche), puede decir trato bien mis afluentes, el Ministerio de Ambiente lo audita y lo certifica y con ese sello el productor tiene acceso a una mejor tasa en el Banco República, a mejor plazo y estamos trabajando para que tenga un mejor precio”, concluyó.