La Justicia Penal imputó en Paysandú a un hombre de 47 años y a una mujer de 38 —padrastro y madre de la víctima— por un caso de abusos sexuales a una niña de 12 años.
Los hechos salieron a la luz en julio del año pasado y generaron profunda indignación en la zona donde vivían los involucrados, en el sur de la capital departamental.
Según informa el periódico local El Telégrafo, el hombre fue imputado por “la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual y reiterados delitos de violencia doméstica agravada”. Como medida cautelar, se dispuso su prisión preventiva por el término de 90 días mientras continúa la investigación.
Por su parte, la mujer fue imputada por “la presunta comisión de reiterados delitos de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, cuatro de ellos en concurso formal con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado”. En su caso, la Justicia dispuso arresto domiciliario total, además de otras medidas y prohibiciones.
La denuncia presentada en julio pasado refería a presuntos hechos de abuso sexual contra la niña, que debió ser internada en el hospital, y en los que estarían involucradas personas de su entorno familiar. Tras la intervención de las autoridades, las actuaciones fueron elevadas a la Fiscalía competente y se activó de inmediato el protocolo de protección para la menor, disponiéndose su tenencia provisoria por parte de otro familiar mientras avanzaban las actuaciones investigativas.
Cuando los hechos trascendieron públicamente, más de un centenar de personas se concentraron frente a la vivienda de los ahora imputados para manifestar su rechazo y exigir que abandonaran el lugar.
Durante la protesta, se escucharon gritos y consignas contra la pareja en medio de un clima de gran tensión. La situación derivó en episodios de violencia verbal y amenazas, lo que motivó un importante despliegue policial para evitar que los manifestantes tomaran represalias por mano propia.
Efectivos policiales lograron finalmente retirar a la pareja del interior de la vivienda bajo un fuerte operativo de seguridad para preservar su integridad física. Sin embargo, tras su traslado, algunos vecinos ingresaron a la finca y provocaron destrozos en el interior, sacando muebles y objetos a la calle, varios de los cuales fueron incendiados.
Al lugar, debió concurrir personal del destacamento local de Bomberos para controlar el fuego, mientras la Policía permanecía desplegada en la zona intentando contener a los manifestantes y evitar nuevos incidentes.
Tras varios meses de actuaciones y recolección de pruebas, la Justicia resolvió en las últimas horas la imputación de ambas personas, mientras la investigación continúa su curso hacia la sentencia definitiva.
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