Partido Nacional criticó “clara intervención ilegítima e infundada” en caso Besozzi

El Partido Nacional volvió a tratar el caso del intendente electo de Soriano, Guillermo Besozzi, imputado este año por la Justicia como presunto autor responsable de reiterados delitos vinculados con tráfico de influencias y peculado, junto a más de veinte jerarcas de la intendencia.

Este lunes, los senadores Álvaro Delgado, Javier García y Carlos Camy presentaron un documento ante la Suprema Corte de Justicia, mientras que Macarena Rubio, presidenta del directorio, lo hizo ante la Corte Electoral.

El escrito, del que dio cuenta El País y al que accedió Montevideo Portal, asegura que la situación judicial de Besozzi es “irregular” y “podría afectar el sistema político electoral”.

Besozzi tiene impedido ingresar a edificios municipales, incluida la propia intendencia, como parte de sus medidas cautelares, lo que fue precedido por un pedido de su defensa para revocar esa limitación. Esto se resolvería en la audiencia de este jueves 26. Las otras medidas cautelares son la nocturnidad en su domicilio, la retención de pasaportes y la obligación de presentarse una vez por semana ante autoridades policiales.

Sobre esto, el documento del Partido Nacional sostiene que “el tracto procesal dado por la jueza de garantías ha impedido que hasta la fecha se haya obtenido resolución sobre el asunto”, lo que “ha sido irregular no siguiendo el marco normativo procesal aplicable lo que ha redundado, además, en un claro beneficio de la posición fiscal”.

En ese sentido, se critica que la defensa “todavía se encuentra lejos de obtener una resolución que permita al Sr. Intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, ejercer el mandato y cumplir con las obligaciones”.

Por otro lado, afirma que la jueza de garantías ha tramitado otras solicitudes de la defensa por vía de audiencia, pero en esta ocasión lo hizo por vía escrita, lo cual “conlleva una mayor dilación”.

En este mecanismo, la Fiscalía revisa el pedido y tiene un plazo de tres días para contestar; según los dirigentes blancos, lo hizo “fuera del plazo legalmente previsto”. Esto fue “advertido inmediatamente a la Sede por parte de la defensa del Sr. Besozzi, la cual debía resolver de manera inmediata y sin oposición de la Fiscalía sobre lo peticionado”.

Sin embargo, el documento dice que la jueza de garantías “cambió su criterio” y dispuso usar el primer método, con la convocatoria de una audiencia, que se realiza esta semana.

“Ello conlleva fundamentalmente a tres conclusiones: a) existió un desvío del marco normativo procesal aplicable, lo que genera una dilación innecesaria del proceso en claro perjuicio al Sr. Besozzi; b) supone además ‘salvar’ el error fiscal de haberse presentado fuera de plazo, lo que procesalmente debió haber conllevado a considerar un allanamiento tácito a la pretensión de la defensa y por ende a una resolución favorable al pedido realizado por el Sr. Besozzi ,y c) genera una inseguridad jurídica preocupante para cualquier justiciable la no observancia del marco normativo aplicable, especialmente cuando esta es claramente en perjuicio del imputado y también claramente en beneficio de la Fiscalía”, asegura el texto del Partido Nacional.

Asimismo, sostiene que impedirle “de forma irregular” a Besozzi entrar a la intendencia “no sólo violaría un mandato constitucional, sino que inclusive se estaría ante un posible delito electoral”.

“En definitiva, la dilación para resolver sobre la medida cuyo cese se solicita, impidiendo el libre ejercicio de un cargo ya electo por una mayoría abrumadora, en las condiciones analizadas, es una clara intervención ilegítima e infundada que afecta el sistema electoral-político de la República, afectando directamente la voluntad popular de un régimen democrático”, sentencia el escrito.