El Ministerio Público de Paraguay dispuso la realización de una pericia caligráfica sobre firmas atribuidas a Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset Cabrera, en el marco de una investigación por presunta falsificación de documentos vinculados al caso A Ultranza, que indaga una estructura de lavado de activos asociada al narcotráfico.
El fiscal Julio Ortiz remitió al Laboratorio Forense diversas escrituras públicas en las que figura la firma de la ciudadana uruguaya, con el objetivo de determinar si las rúbricas son auténticas o apócrifas.
Según consigna el periódico El Deber, los documentos cuestionados corresponden a contratos de compraventa de acciones de la empresa Summum SA y a la adquisición de un inmueble ubicado en el distrito de San Roque González de Santa Cruz, en el departamento de Paraguarí. Ambas operaciones habrían sido formalizadas ante la notaría Lourdes Mariño Galván.
La pericia fue asignada por sorteo a la especialista forense Rosmary Esmerita Morel, quien deberá analizar los trazos y características de las firmas para establecer su autenticidad. El estudio se realiza tras la denuncia presentada hace un mes por la defensa de García Troche, que sostiene que su representada no suscribió dichos documentos.
Según la denuncia, una de las firmas figura en un contrato de compraventa fechado el 11 de diciembre de 2020, pese a que la imputada sostiene que no se encontraba en el país en ese período. Asimismo, negó haber firmado otro documento vinculado a la adquisición de acciones el 30 de junio del mismo año.
En una primera instancia, la Fiscalía intentó allanar la escribanía para incautar la documentación original, pero el pedido fue rechazado por el juez de garantías Juan Acevedo Morel al considerar que no cumplía con los requisitos legales. Posteriormente, el fiscal accedió a copias autenticadas de los documentos, que fueron entregadas voluntariamente por la notaria y que ahora forman parte del análisis pericial.
El resultado de esta diligencia podría incidir en el proceso principal del caso A Ultranza, considerado uno de los mayores expedientes de crimen organizado en la región, en el que se investiga una red dedicada al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales.
De acuerdo con la acusación fiscal, las operaciones comerciales en las que figura García Troche se habrían realizado en un contexto posterior a envíos de grandes cargamentos de cocaína hacia Europa, lo que refuerza las sospechas sobre el uso de empresas y bienes como fachada para actividades ilícitas.
La Fiscalía no estableció un plazo para la finalización de la pericia, aunque indicó que sus resultados serán determinantes para confirmar o descartar la autenticidad de las firmas y, en consecuencia, definir la situación jurídica de la imputada dentro del proceso.
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