Padre de uno de los asaltantes del BROU estafó y ocupó campo de sobreviviente de los Andes

Hace cuatro años que Julio Rodríguez y su esposa comenzaron a vivir lo que ellos entienden como un calvario. Antes de conocer qué les sucedió, es necesario comprender cómo llegaron a vivir en un terreno —que antes de que la zona se poblara era un campo— de alrededor de dos hectáreas en Barros Blancos (Canelones). 

El lugar es de la familia Sabella y allí la familia de Ramón Moncho Sabella, uno de los sobrevivientes de los Andes, explotaba el campo.

Julio Rodríguez comenzó a trabajar desde muy joven como encargado de la chacra de la familia mientras, con el pasar de los años, los propietarios dejaron de producir. 

Esto hizo que la familia decidiera ceder el terreno a Julio y a su esposa para que vivieran allí, sobre todo a modo de agradecimiento por tantos años compartidos y de trabajo. Ambos tienen ahora alrededor de 80 años y en el último tiempo aprovecharon el terreno para criar vacas, ordeñarlas y vender leche. 

Moncho Sabella vive en Uruguay y la propietaria de ese terreno es su familia. 

Pero en 2022 llegó un vecino de la zona y le dijo a Julio que tenía una orden de desalojo, promovida por los Sabella en su contra. El hombre respondió que eso no podía ser cierto, que él no estaba al tanto y que la familia nunca le comunicó que quisiera que él no viviera más allí. 

El individuo, de apellido Fernández, le mostró desde el celular fotos con el expediente de desalojo. Esto hizo que Julio reconociera que la acción judicial existía y, tras algunas averiguaciones que hizo su sobrina, cedió los derechos posesorios del terreno donde vivía. En otras palabras, lo vendió. 

La sobrina de Julio, al ver que su tío se estaba quedando en la calle, le escribió por Facebook a Moncho Sabella. Al ver el mensaje, le aseguró que esto no era cierto y desde ahí comenzó una disputa legal que hasta ahora no ha dado resultado. 

Idas y vueltas

La casa en la que vive Julio, que en su momento fue un casco de campo, quedó desde entonces rodeada de autos desarmados desde hace cuatro años. Las ambulancias no pueden entrar, menos los patrulleros y los desagües de la vivienda están tapados por viejos esqueletos de vehículos que ya no circulan. 

En la Policía constan denuncias por copamiento, una moto que atropelló a Julio y le quebró un brazo, y varios reclamos por amenazas. Todos estos en contra de Juan Carlos Cosella, el dueño del desarmadero y padre de Alexander Cosella, uno de los asaltantes del Banco República (BROU) en Pando. El delincuente, que está prófugo, trabajó en el desarmadero de su padre desde que lo instalaron. 

Alexander Cosella, prófugo por asaltar el BROU en Pando. Foto: Ministerio del Interior

Representado por Santiago Dávila, el matrimonio hizo denuncias tanto a nivel civil como penal. En el primer proceso, a cargo de la exfiscal René Primicieri, las indagatorias fueron archivadas. Sobre esto se pidió un reexamen y resta saber qué fiscalía será la que tome las riendas de la denuncia.

En la sentencia de primera instancia en lo civil, el resultado no fue el esperado y la Justicia le dio la razón a la parte demandada, asegurando que no había elementos suficientes que pudieran acreditar lo reclamado. 

El dictamen judicial fue recurrido por Dávila y el Tribunal de Apelaciones de 3º Turno dejó claro que se debe “revocar la sentencia definitiva, declarando la nulidad (relativa) del contrato de cesión de derechos posesorios celebrado entre las partes en autos (el 4 de marzo de 2022)”. 

El tribunal entiende que ese documento se encuentra “viciado de consentimiento”, lo que causa un claro perjuicio para los denunciantes. En la demanda se relatan una serie de hechos de violencia física y moral “para obtener de forma ilegítima sus consentimientos y lograr que cedieran a favor del demandado los derechos sobre el bien”. 

Apelaciones entiende que el terreno se encuentra bajo un comodato gratuito, porque la familia Sabella ha dejado acreditado que autorizaron en su momento a que Julio y su esposa vivieran allí. Esto sigue sucediendo porque, pese a que cedieron los derechos del terreno, no pasó lo mismo con la casa, por lo que legalmente se pudieron quedar.  

En lo que tiene que ver con el fallo de primera instancia, el tribunal sostiene que hubo un “mal uso de la sana crítica y la mala interpretación de las normas aplicables”. Esto provocó “un fallo desajustado”. 

En la sentencia se deja claro que el matrimonio vive hace más de 30 años con expresa autorización de los propietarios, “quienes en actitud altruista les permitieron ocupar el bien de por vida, por haber trabajado Rodríguez muchos años para la familia Sabella”.

Asimismo, la sentencia asegura que ni Julio ni su esposa tuvieron intención de “ceder derechos posesorios a persona alguna respecto del bien que es su hogar y reconocen en todo momento que ocupan el padrón por mera tolerancia de sus propietarios”.

Se acredita como un hecho que el vecino, Fernández, les mostró el expediente de desalojo por fotos en su celular para impulsar que cedieran los derechos del terreno. Antes de que firmaran y como manera de ejercer presión, los animales de Julio comenzaron a aparecer sueltos en el campo: rompieron el tejido además de lastimar y matar a algún ejemplar. Julio, en tanto, también sufrió directamente las consecuencias al ser embestido por una moto y llegaron supuestos representantes de los Cosella diciendo que debían abandonar el bien porque serían desalojados.

El tribunal entiende que Cosella y Fernández son “cómplices” y que formalizaron el negocio de la venta de los derechos posesorios a través de una escribana, lo que los hizo disponer del terreno. 

Moncho Sabella declaró ante la Justicia sobre Julio y su esposa Blanca: “Toda la familia lo autorizó a vivir gratuitamente, tenía sus vacas, sus cosas. Le dimos para que viviera allí hasta que muriese; es buena gente”. 

Zona de desagües de la casa de Julio y su esposa. Foto: Montevideo Portal

El chileno que nunca llegó

Para que el expediente existiera y que la Justicia emitiera la orden de desalojo, quien aparece como apoderado de los Casella es Ismael Ángel Peralta Castro, un ciudadano chileno. Sin embargo, la familia acreditó que nunca cedieron un poder a esta persona y Migraciones acreditó que Peralta jamás ingresó a Uruguay. 

El escribano que otorgó el poder es Ángel Ferraz Techera, quien en 2021 fue condenado por tres delitos de falsificación material en el marco de la causa que investigó ventas ilegales de terrenos en el balneario La Juanita (Maldonado). 

La misma escribana que formalizó el negocio, De los Santos Cánepa, fue la que confirmó a la familia de Julio que existía una orden de desalojo en su contra y que en pocos días quedarían en la calle, sin dinero, en caso de no aceptar. La profesional declaró con contradicciones: en primera instancia aseguró no haber visto a los dos hombres juntos y no saber si eran socios. La segunda vez negó esa declaración. 

De los Santos aseguró que sí vio a Fernández y a Cosella juntos. Además, refirió a ambos como socios. “Quedaron evidenciadas contradicciones entre sus declaraciones y también lo que había declarado en Fiscalía. Ante tal evidencia, la testigo responde: ‘Capaz que sí los vi juntos’, que no recuerda haber dicho que eran socios”, aclara la sentencia de Apelaciones. 

Lo cierto es que, según el documento, Fernández y Cosella se conocen y eso se desprende no solo de testigos, sino de la escribana De los Santos. La profesional otorgó una escritura pública de “cesión de derechos posesorios con conocimiento de que los propietarios del bien habían iniciado un proceso de desalojo por ocupante precario”, indica el documento. 

Esta escritura nunca apareció, lo que el tribunal entiende como una forma de De los Santos para “salvaguardar su responsabilidad”, algo que, al entender de las autoridades, es “sospechoso”. 

El terreno a Cosella le costó un total de US$ 49.939 que fue abonado en dos partes iguales. El dinero era dirigido al vendedor, en este caso, Julio. Sin embargo, nunca aceptó el monto porque comenzó a sospechar, además de no creer que los Sabella lo querían desalojar y dejarlo en la calle.  

El tribunal asegura que quedó firme que “Fernández y Cosella se conocían, que tenían interés en adquirir el padrón ocupado por los actores, que el proceso de desalojo por ocupante precario iniciado contra Rodríguez (y su cónyuge) era falso, y que ese proceso inventado fue la causa determinante para que los actores dieran su consentimiento para ceder los derechos posesorios en cuestión”. “Y si bien no hay prueba del vínculo entre Fernández y Cosella con Peralta (supuesto apoderado que inició el falso proceso en representación de la familia Sabella), llama poderosamente la atención que Fernández tomara conocimiento del proceso de desalojo contra Rodríguez por ‘un conocido del juzgado’ y lo probara por intermedio de fotos en su celular (sospechoso)”, indica sobre el final.  

Los demandados declararon que Julio Rodríguez era quien insistía en ceder los derechos, pero esto surge —según Apelaciones— porque el proceso fue engañoso. 

“Se trata de personas adultas mayores, que viven en el bien desde hace más de 30 años, a quienes se les hizo creer mediante mentiras, estratagemas y maquinaciones insidiosas que serían desalojados a la brevedad (en días), lo que razonablemente les generó incertidumbre y temor, otorgando la cesión de derechos con consentimiento viciado”, sostiene el texto. 

Además de revocar la sentencia de primera instancia, se condenó en costas y costos a Juan Carlos Cosella. 

Pese a esto, Julio y su esposa siguen viviendo rodeados de autos, saliendo por la parte del costado del terreno para no ser vistos. Cuando llaman a la emergencia móvil, deben esperar en la calle porque aún no hay una orden de desalojo emitida por la Justicia. Siguen viviendo en un calvario.     

Parte trasera de la casa de Julio y su esposa. Foto: Montevideo Portal