El directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) resolvió este miércoles 13 de mayo rescindir el contrato de arrendamiento que mantenía con el exintendente de Artigas Pablo Caram, obligándolo a devolver dos fracciones de campo en la colonia José Artigas, que en total suman 707 hectáreas.

La decisión se fundamentó en un informe de la División Jurídica del ente, que consideró que la condena judicial que recayó sobre Caram en 2024 —por omisión en la denuncia de delitos, según el artículo 177 del Código Penal— resulta “incompatible” con los requisitos éticos que el INC impone a quienes usufructúan tierras públicas. 

Según consignó este jueves el semanario Búsqueda, el organismo argumentó que quienes reciben apoyo estatal de esta naturaleza ejercen, de hecho, un rol de servidores públicos, lo que exige mayores niveles de transparencia y probidad.

Consultado por Montevideo Portal, el exintendente artiguense se limitó a comentar que “obviamente” va a recurrir próximamente a la Justicia para reclamar por esta resolución y que el tema ya estaba siendo analizado por su abogado.

Según el informe de la División Jurídica del INC, Caram recibió “más garantías” que otros colonos en situaciones similares, en las que el directorio había rescindido los contratos en forma directa y sin mayor trámite tras conocerse una condena penal. 

En el documento se cita que hubo colonos cuyos contratos fueron cancelados tras haber sido condenados por delitos como contrabando, violencia doméstica o cultivo de cannabis sin autorización, entre otros. En esos casos, los afectados habían devuelto los campos prácticamente de inmediato, en algunos casos sin que fuera necesario recurrir a la Justicia.

Caram fue condenado en julio de 2024 a 14 meses de libertad a prueba por el delito de omisión de denunciar delitos de funcionarios departamentales, en el marco del llamado “caso de las horas extra”, motivo por el que renunció a la Intendencia de Artigas y el Partido Nacional le prohibió utilizar su lema.