Orsi archivó actuaciones sobre el caso de Casablanca que involucraba funcionarios

La exdirectora de la Secretaría de Derechos Humanos, Alejandra Casablanca, declaró en el marco de las polémicas entorno a su actuación mientras estaba al frente del organismo que dependía de Presidencia de la República. 

El gobierno, hace algunos meses, decidió unificar las dos secretarías de derechos humanos y quien quedó al frente de la nueva estructura fue la periodista Iliana da Silva, que antes estaba en el departamento de Comunicación en la Torre Ejecutiva.

Con la decisión, el Ejecutivo destituyó a Collette Spinetti, mientras que Casablanca actualmente ocupa un rol de asesoría. 

Casablanca fue denunciada por acoso laboral durante su gestión al frente de la secretaría, pero la propia jerarca también realizó declaraciones sobre una serie de irregularidades dentro de la institución. Esto derivó en una investigación administrativa. 

El caso fue elevado a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) que, luego de una serie de medidas en pos de esclarecer los reclamos, elevó un informe al presidente Yamandú Orsi para que tuviera un insumo y pudiera tomar una decisión. 

En el expediente, al que tuvo acceso Montevideo Portal, la ONSC buscaba determinar o descartar tres presuntas irregularidades o delitos atribuidos al personal de la secretaría de Casablanca. 

De esta forma, se especifica que buscaban ahondar sobre la omisión en brindar información relativa a la identidad de origen —búsqueda de archivos y datos de posibles hijos de detenidos desaparecidos durante la dictadura—; destrucción de documentación pública de la secretaría y falsificación de firma en documentos oficiales para tramitar o cobrar compensaciones. 

Con respecto a la primera denuncia de Casablanca, varios testigos afirmaron tener constancia de negativas o demoras en la entrega de información a algunas familias de detenidos desaparecidos. 

Sin embargo, la investigación de la ONSC concluyó que no se probaron conductas omisas. De hecho, explica que Paola Lorenzo, la funcionaria a cargo del área, firmó documentos donde se deja claro que todos los pedidos y solicitudes se entregaron y respondieron a tiempo. 

En el caso de la destrucción de un documento público, Casablanca aseguró recibir información de que Florencia Dudok y Florencia Fraga utilizaban de “manera constante” una picadora de papel y bolsas negras antes de que fueran desvinculadas. 

Ante esto, la por entonces directora de la secretaría declaró que se enteró de la situación por terceros y decidió guardar la picadora de papel bajo llave en su propio despacho. De hecho, agregó que había quienes vieron a Dudok y Fraga salir con bolsas negras llenas de papel triturado.  

Igual que en el caso anterior, se descartó el delito porque todos los documentos “sensibles e históricos” estaban bajo llave en el archivo de la secretaría. Con respecto a lo triturado, la ONSC confirmó que correspondía a papeles personales, material de estudio, copias e impresiones defectuosas. 

Por último, en lo que tiene que ver con la denuncia de una firma falsificada, Casablanca acusó al funcionario Juan Pablo dos Santos de inventar el autógrafo de la por entonces directora y estamparlo en un documento para autogestionarse compensaciones. 

En su declaración, Casablanca calificó la situación como “de extrema gravedad”. “La falsificación de documento público y de mi firma, creo, es de extrema gravedad y no descarto llevarla a la Justicia, más allá de lo que sea la investigación administrativa, porque creo que es un delito [...]. Si no se entregó toda la información en poder de la secretaría a ciudadanos que podrían llegar a ser hijos de detenidos desaparecidos es la mayor gravedad de las tres”, afirmó la hoy asesora. 

Sin embargo, nuevamente, el informe da cuenta de que no hay evidencia de la falsificación denunciada. 

De hecho, se probó que Casablanca firmó el documento, pese a que alega que el contenido no había sido autorizado por ella. “Lo que surge de sus propias declaraciones es que Casablanca firmó un documento cuyo contenido no era para el que había dado su consentimiento”, indica el documento. 

Se concluye que en ninguna de los tres puntos corresponde seguir adelante y se sugiere el archivo de las actuaciones. 

Finalmente, con la firma de Orsi, Presidencia emitió una resolución en julio de este año en la que dispone el fin de las actuaciones administrativas tal y como recomienda la ONSC. 

Las claves de la nota

Investigación administrativa en la Secretaría de Derechos Humanos: las tres denuncias y su resultado

1

El contexto

La exdirectora Alejandra Casablanca denunció una serie de irregularidades dentro de la Secretaría de Derechos Humanos que depende de Presidencia. El caso fue elevado a la ONSC, que investigó y elevó un informe al presidente Yamandú Orsi.

2

Denuncia 1 — Omisión de información

Casablanca acusó a funcionarios de negar o demorar la entrega de información sobre la identidad de origen a familias de detenidos desaparecidos durante la dictadura. La ONSC concluyó que no se probaron conductas omisas: la funcionaria a cargo firmó documentos que acreditan que todos los pedidos fueron respondidos a tiempo.

3

Denuncia 2 — Destrucción de documentación

Casablanca alertó que dos funcionarias utilizaban una picadora de papel y salían con bolsas negras llenas de papel triturado antes de ser desvinculadas. El delito fue descartado: todos los documentos sensibles e históricos estaban bajo llave, y lo triturado correspondía a papeles personales, material de estudio y copias mal hechas.

4

Denuncia 3 — Falsificación de firma

Casablanca acusó al funcionario Juan Pablo dos Santos de falsificar su firma en un documento para autogestionarse compensaciones, calificándolo como “de extrema gravedad”. La ONSC no encontró evidencia de falsificación: se probó que la propia Casablanca firmó el documento, aunque alega que el contenido no era el que había autorizado.

Resolución final

La ONSC recomendó el archivo de todas las actuaciones por no encontrar méritos en ninguna de las tres denuncias. En julio de 2025, Presidencia emitió una resolución firmada por Orsi que dispuso el fin de las actuaciones administrativas.