Varias organizaciones firmaron un comunicado advirtiendo por la aprobación de un decreto que "debilita la Política de Control de Tabaco" e "implica un grave retroceso en la protección de la salud de los uruguayos".
El decreto al que hacen referencia fue aprobado el pasado 3 de marzo y habilita a la industria tabacalera a comercializar un producto nuevo en el mercado (dispositivos electrónicos para consumir tabaco calentado). La prohibición de esta comercialización se dispuso por un decreto del 23 de noviembre de 2009.
Las organizaciones advierten que el decreto "fue elaborado y aprobado sin consultar al Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública, ni a la Comisión Interinstitucional Asesora, que desde el año 2004 tiene el cometido de asesorar al ministerio en lo concerniente a la Política de Control de Tabaco".
En ese sentido, sostienen que con esta decisión se habilita a la industria tabacalera a comercializar un producto "sobre el cual hay evidencia de sus daños a la salud y está dirigido a captar consumidores jóvenes".
"La Organización Mundial de la Salud establece que la evidencia actual no muestra que estos productos reducirán las enfermedades producidas por el consumo de tabaco. Muchas de las sustancias químicas generadas por los productos de tabaco calentado son similares a las generadas por los cigarrillos convencionales, pero además existen otras sustancias químicas que no están presentes en las emisiones de los cigarrillos convencionales y que también serían tóxicas, generando daño a las personas que lo consumen", añaden.
Además, consideran que "las autoridades sanitarias vuelven a permitir modificaciones que no se sustentan en argumentos de salud pública, sin priorizar el principio precautorio al momento de definir las políticas de salud, ni la protección de la salud pública por sobre los intereses económicos, incrementando el riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles".
"Con este retroceso, Uruguay continúa perdiendo su prestigio internacional en la protección de la salud de su población", aseguran.
En ese sentido, solicitan que "el gobierno y en especial el Ministerio de Salud Pública revea esta situación y tome sus decisiones en base a evidencia científica libre de conflictos de interés, para proteger la salud de todos los uruguayos".
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